Sindicatos denuncian que el Gobierno debe 55 millones a los empleados públicos malagueños por la falta de un acuerdo salarial

Málaga

El Ministerio de Función Pública y Transformación "debe más de 55 millones de euros a los empleados públicos malagueños por la congelación de sus nóminas y la falta de un acuerdo salarial para 2025" han denunciado este lunes las centrales sindicales CSIF, UGT y CCOO, tras anunciar que se movilizarán el próximo 30 de octubre ante las subdelegación del Gobierno para exigir al Ejecutivo central "que reaccione y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar el poder adquisitivo perdido".

El presidente de CSIF Málaga, Francisco Javier Domínguez, ha aclarado que “estamos hablando de una congelación salarial injustificada, de pérdida de poder adquisitivo y de una negociación colectiva totalmente bloqueada”.

En Málaga son casi 90.000 los empleados públicos entre todas las administraciones, medio millón en Andalucía y más de tres millones en todo el país. "Este personal lleva acumulada una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde 2022, y superior al 20% desde los recortes de 2010".

Para el responsable sindical, “lo más grave es que el Gobierno no ha propuesto ninguna subida salarial para 2025, condenando de nuevo al colectivo. No es de recibo que el Ministerio que dirige Óscar López haya permitido que el personal del sector público lleve acumulada una pérdida de poder de compra del 6 % desde 2022”, en referencia al “mal acuerdo firmado por entonces entre el Ejecutivo y otras organizaciones sindicales para los años 2022, 2023 y 2024 y que CSIF se negó a firmar por considerarlo insuficiente. Si nos remontamos a los recortes de 2010 por el Gobierno de Zapatero, la cifra de pérdida de poder de compra asciende a más del 20 %".

Estas protestas, que se desarrollarán bajo el lema Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos, marcan el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará con una gran concentración en noviembre en Madrid, "que podría acabar en una huelga nacional en diciembre, la primera en las administraciones públicas para el Gobierno de Pedro Sánchez, si el Ministerio persiste en el bloqueo de la negociación colectiva".

La central sindical insiste en que el bloqueo a la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública mantiene congeladas las nóminas de este año y bloquea un nuevo acuerdo salarial, entre otras mejoras laborales para el colectivo. Los problemas de las trabajadoras y trabajadores del ámbito público, así como los servicios que recibe la ciudadanía, se agravan a diario por la inacción del Ministerio en asuntos urgentes en materia de empleo, temporalidad y condiciones laborales.