La dependencia que no llega: el caso de María Ángeles y Pedro en Málaga
Su historia refleja el retraso crónico en la aplicación de la ley de dependencia en Andalucía, donde más de 51.000 personas siguen esperando una ayuda que debería ser inmediata

La dependencia que no llega: el caso de María Ángeles y Pedro en Málaga
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Málaga
Viven solos, enfermos y sin recursos suficientes para contratar ayuda. María Ángeles Hidalgo y Pedro Cruzado, vecinos del distrito Carretera de Cádiz en Málaga, enfrentan cada día una lucha silenciosa contra la fragilidad y el abandono institucional. Ella, con un 67% de discapacidad y una prótesis de cadera tras una caída, se mueve con andador, ha solicitado ayuda recientemente tras la operación. Él, en silla de ruedas desde hace tres años por un ictus, tiene reconocida una dependencia de grado 3.
“Solicitamos la dependencia para mi a través del asistente social del Hospital Clínico”, cuenta María Ángeles. Sin embargo, en Andalucía el plazo medio de tramitación de estas solicitudes es de 559 días, según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La ley marca un máximo de 180.
Francisco Fernández, fundador de la Plataforma por la Calidad de la Sanidad Malagueña (Placasama), amigo de la pareja, denuncia que María Ángeles fue dada de alta sin que nadie garantizara su cuidado en casa. “No entiendo cómo desde un hospital se puede mandar a una persona a su domicilio sin que esta se pueda valer por sí misma”, afirma.
El día a día de María Ángeles es un ejercicio de supervivencia. “Hoy he desayunado como Dios me ha dado a entender, con el andador. Me he lavado, me he vestido… pero no estoy para esto”, confiesa. El miedo a caer de nuevo la acompaña en cada gesto cotidiano. Pedro, por su parte, insiste: “Lo que necesitamos es ayuda para ella”.
Los ingresos mensuales de la pareja apenas alcanzan los 980 euros: 830 de la pensión de Pedro y 150 de la ayuda por discapacidad de María Ángeles, que sufre epilepsia. “La mujer que nos ayudaba se ha ido porque no podíamos pagarla. Eran 20 euros al día, dos horas. Nos hemos quedado sin ahorros”, lamentan.
Han puesto su situación en conocimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga, pero siguen esperando una respuesta. “Todos los papeles los hemos echado ya, pero no hemos tenido contestación”, denuncian.
El caso de esta pareja no es aislado. Otra familia malagueña se ha puesto en contacto con el programa Hoy por Hoy Málaga. Argumentan que iniciaron el trámite de dependencia el 1 de enero de 2024. En julio de 2025 recibieron un requerimiento de documentación que no se les había pedido antes. Respondieron en agosto. Hoy, casi 670 días después, siguen sin recibir ninguna ayuda. Mientras tanto, el familiar dependiente se mantiene gracias a su pensión y a unos ahorros que se agotan para pagar sus propios cuidados.
A septiembre de 2025, 51.547 personas permanecen en lista de espera en Andalucía. La cifra ha aumentado un 1,4% en el último año, pese al Plan de Simplificación Administrativa que la Junta puso en marcha en 2023. El tiempo medio para recibir la prestación o servicio alcanza ya los 559 días, casi el triple del máximo legal. La media nacional se sitúa en 300 días. Andalucía continúa como la comunidad que más tarda en resolver los expedientes de dependencia.
Las consecuencias son dramáticas. En lo que va de año, 5.292 andaluces han fallecido esperando la ayuda. De ellos, 4.188 murieron antes de que la Junta les reconociera el grado de dependencia, y otros 1.104 fallecieron tras ser reconocidos, pero sin haber recibido la prestación.
La Junta de Andalucía ha anunciado un aumento del 12% en el presupuesto para dependencia en 2026, hasta los 2.610 millones de euros. Pero desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierten que el sistema sigue infradotado y mal equilibrado.
Mientras tanto, familias como la de María Ángeles y Pedro siguen esperando. “Si dan dinero, que lo den. A ver si con eso tiramos para adelante hasta que yo me ponga buena”, dice ella. Su historia es el rostro humano de una ley que, cuando no se cumple, deja a las personas en el desamparo.




