El juez repregunta al SAS
Entre el 18 y el 25 de noviembre, el Gobierno andaluz verá desfilar por un juzgado de Sevilla
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La Columna de Dani Cela (05/11/25)
Sevilla
Entre el 18 y el 25 de noviembre, el Gobierno andaluz verá desfilar por un juzgado de Sevilla a una ristra de altos cargos citados a declarar ante el juez en la causa abierta contra el Servicio Andaluz de Salud por supuesta prevaricación en los contratos de emergencia con clínicas privadas entre 2020 y 2024.
Los tres principales imputados -la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas- han maniobrado estos días para que la causa se archive, antes incluso de que les interrogue el juez. Pero la Audiencia Provincial de Sevilla se ha negado a dar carpetazo al asunto y ha avalado la ampliación de la investigación seis meses más.
Seis meses más implica arrimar la instrucción a la campaña de las próximas elecciones andaluzas, donde Juan Manuel Moreno se juega la reelección o, según las encuestas, la mayoría absoluta.
Los gerentes del SAS tendrán que explicar al juez por qué prorrogaron casi cuatro años los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal, tal y como se desprende de los informes de los interventores de la Junta, que alertaron de supuestas irregularidades
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En estos años de mayoría absoluta, el Ejecutivo de Moreno no ha ejercitado el músculo de responder por sus actos, ni en el Parlamento, donde su mayoría absoluta ha vetado varias comisiones de investigación, ni ante las preguntas de los periodistas.
Entre los contratos a dedo que investiga el juez, están los que el SAS adjudicó a una clínica privada de Granada, durante dos años, para realizar pruebas oncológicas alegando que no podía hacerlo en un hospital público porque sus equipos estaban “averiados”. La misma “avería” aparece como justificación en 18 contratos consecutivos, entre 2018 y 2023.
El SAS prorrogó esos contratos un año más con la misma empresa, por un millón de euros, y cerró el trato una semana antes de adquirir un equipo de última generación para realizar las mismas pruebas oncológicas en la pública. Un equipo que costó dos millones de euros.
Ni el hospital ni el SAS ni la Consejería de Sanidad han querido explicar estos contratos a preguntas de la prensa. Pero tendrán que hacerlo ante el juez.
