"No pedimos privilegios, pedimos inclusión": la batalla de un padre por la escolarización de su hijo

Huelva

Juan José Silva, padre de un niño de 7 años diagnosticado con malformación de Chiari tipo I, ha denunciado públicamente la decisión de la Junta de Andalucía de escolarizar a su hijo en un aula específica del colegio de Alosno, en lugar de permitirle continuar en el centro Naranjo Moreno de su localidad, donde ha estado matriculado durante los últimos cuatro cursos.

El menor, que presenta rasgos de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y epilepsia controlada mediante medicación, había estado escolarizado en modalidad B —grupo ordinario con apoyos— en San Bartolomé. Sin embargo, tras una evaluación realizada en marzo, su modalidad pasó a C, lo que implica asistencia a un aula específica. Esta circunstancia ha motivado su traslado a Alosno, donde comparte clase con otras dos alumnas con discapacidad, una de ellas mayor de edad.

Silva considera que esta medida vulnera el principio de inclusión y la normativa vigente.

“Lo que vengo reclamando a la Delegación es que se me permita matricular al niño en su colegio de origen, en el que lleva cuatro años, en modalidad B con apoyo”, explica. El padre cita el artículo 17.4 del Real Decreto 157/2022, que establece que, en caso de discrepancias, debe primar la modalidad más inclusiva y tenerse en cuenta la voluntad de los padres o tutores. Además, señala que el artículo 28.4 del mismo texto indica que los alumnos mayores de edad deben estar en aulas específicas de secundaria, no en primaria, como ocurre en Alosno. Además, se da el caso que dos de los menores de ese aula son de San Bartolomé de la Torre, y no de Alosno.

El centro Naranjo Moreno, según Silva, dispone actualmente de recursos como personal de audición y lenguaje y podría habilitar un aula específica si la Administración lo autorizara.

“No comprendemos por qué se desplaza a la mayoría de los alumnos de una población a otra cuando se puede crear perfectamente el aula en San Bartolomé”, afirma. El padre advierte que el traslado supone riesgos añadidos, como posibles crisis epilépticas durante el desplazamiento. También asegura que el Ayuntamiento de San Bartolomé se ha ofrecido para contratar al monitor que necesitaría el centro de su localidad.

Ante la falta de respuesta a sus reclamaciones escritas, Silva ha decidido acudir a los medios y prepara un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa para defender el derecho de su hijo a permanecer en su entorno escolar habitual. “Nuestra intención no es eliminar ningún aula específica, sino crear una nueva o trasladar la existente para evitar que otros padres pasen por esta situación”, concluye.