Absueltos dos condenados por blanqueo en La Línea al no probarse que provenían del contrabando

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a un matrimonio por un delito de blanqueo de capitales en La Línea de la Concepción "proveniente de ganancias ilícitas vinculadas al contrabando". El alto tribunal andaluz ha anulado la sentencia y decretado la libre absolución de ambos al no darse por probados que la cantidad de dinero procedía de ganancias ilícitas provenientes del contrabando.

En este sentido, el TSJA recuerda en sus fundamentos de derechos, recogidos por Europa Press, que "el blanqueo de capitales no es un delito de sospecha" y "exige como cualquier otro prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se cuenta el origen criminal de los bienes, y no meramente ilícito, ilegal o antijurídico".

Asimismo, señala que es muy abundante la doctrina jurisprudencial que enseña que los indicios más determinantes que se suelen utilizar para la acreditación de los elementos típicos de este delito sueles ser el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

Igualmente, se utiliza para la acreditación del delito la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas, la importancia de la cantidad de dinero blanqueado, la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales o la existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas.

COMPRA DE UN CHALÉ

Los dos acusados, condenados a dos años de cárcel el hombre y diez meses la mujer, fueron investigados tras detectar la Unidad Orgánica de la Guardia Civil, Área de Delitos contra el Patrimonio "diversas operaciones económicas incompatibles con sus ingresos legales conocidos".

La investigación, según los hechos probados, apuntó a que el acusado desde el año 2005 a 2011 había cotizado 781 días en el régimen general y que desde 2011 a 2017 cotizó 472 días en el régimen especial del mar, siendo 2017 el último año que cotizó, obteniendo una suma por percepciones de trabajo de 4.318 euros en ese último año, no constando además datos ni declaraciones de IRPF.

Por su parte, a la mujer no le constaba ningún período cotizado, siendo el único ingreso obtenido por percepciones de trabajo de 145 euros en el año 2017, no constando tampoco datos ni declaraciones de IRPF.

Según los hechos probados, "pese a ello en la investigación de su patrimonio inmobiliario les constaba desde el año 2015 una construcción tipo chalet de 150 metros cuadrados en una parcela de 800 metros cuadrados en Suelo Urbanizable No Sectorizado, en La Línea de la Concepción, siendo su valor municipal de 177.736 euros conforme a los metros construidos y el valor del cerramiento de la parcela presupuestado en 9.359 euros".

Además, señala que de las consultas a las bases de datos de la Guardia Civil resultó que el acusado había sido detenido por contrabando en 2010 en La Línea de la Concepción, en 2012 en San Roque, y en 2013 en tres ocasiones en Arcos, San Roque y La Línea, además de ser "identificado en numerosas ocasiones por diferentes unidades de la Guardia Civil, estando acompañado de personas con antecedentes por delitos contra la salud pública y contrabando en el Campo de Gibraltar".

No obstante, el TSJA recuerda que el delito de blanqueo de capitales "requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados, que dicho delito sea capaz de generar beneficios económicos, que existe una directa conexión entre el delito y los beneficios acreditados, de forma que pueda asegurarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel, y que se lleven a cabo las operaciones descritas en el tipo con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes".