Objeción de conciencia

Jerez de la Frontera

Objeción de conciencia

La única Autonomía que se ha negado a inscribir a sus médicos en un registro de objetores a practicar abortos ha sido Madrid. El Ministerio de Sanidad se lo afea y anuncia que irá a la Tribunales. El Gobierno afirma que con estos registros se organiza la gestión de este derecho. Su finalidad- afirma el Gobierno- es evitar que se discrimine a los objetores o a los no objetores, y, de paso, que los segundos no se dediquen solo a eso. No entiendo. El primer paso y más definitivo para no discriminar consiste en evitar listas de objetores. La objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido en la CE y asentada en la jurisprudencia del alto tribunal español. El Constitucional sí avaló la legalidad en 2014 de creación de registros con un voto particular que consideró inconstitucional cualquier medida que genere un «efecto desalentador» o «disuasorio» del ejercicio de derechos constitucionales. Hace bien Madrid en oponerse; Andalucía debería haber seguido ese camino. La objeción de conciencia es un derecho derivado de la ley natural, previo a cualquier norma positiva; una de las conquistas esenciales de este Occidente de las luces y la razón consistió precisamente en el reconocimiento de derechos superiores a cualquier norma escrita positiva a los que es lícito oponerse. Es la prueba de fuego para los Estados de Derecho. La mejor manera de reivindicar la libertad de conciencia es evitar listas, sean blancas o negras.