El Consejo de Gobierno andaluz cambió el control previo de los contratos de emergencia del SAS por un control a posteriori sin un documento que lo solicitara

Sevilla

Primeras declaraciones en Sevilla en el caso de los contratos de emergencia del SAS una vez que había decaído la legislación que los contemplaba por la pandemia. Entre los cinco testigos que han acudido al juzgado de instrucción 13 de Sevilla está la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, que era Interventora General de la Junta entre los años que se investigan, el 2021 y el año pasado. Ella ha explicado, según fuentes presentes en el interrogatorio, que el Consejo de gobierno del 6 de octubre de 2020 cambió el sistema de control de los contratos de emergencia del SAS a petición de la consejería de Economía que dirigía Juan Bravo. Pero no existe ningún documento que lo pida. No existe ni informe de la consejería ni memoria de la Intervención al respecto de un cambio que supone pasar de controlar un contrato a priori a controlarlo a posteriori, cuando ya se ha realizado el gasto.

La hoy viceconsejera ha explicado que por las noticias que ella tiene la idea parte de una supuesta conversación informal en el consejillo que prepara los temas que van a Consejo de Gobierno.

Allí el viceconsejero de Salud le pidió al viceconsejero de Hacienda que incluyera ese punto en el orden del día, sin ningún papel que lo avalara o solicitara. Era en un contexto de urgencia por la COVID, ha explicado ante el juez que investiga los supuestos contratos de emergencia del SAS cuando ya la norma no los avalaba, entre 2021 y 2024. Así lo han contado fuentes presentes en su declaración. Para entonces, para octubre del 20, la Intervención ya había puesto reparos a dos contratos de emergencia del SAS.

Este martes también han prestado declaración las dos ex interventoras del SAS que elaboraron un informe desfavorable a los contratos de emergencia del año 2021. Las dos lo han ratificado y han dicho que no hicieron el informe de actuación que hubiera obligado al Gobierno a eliminarlos porque ese tipo de contratación estaba en "vía de mejora".

Según el PSOE, que denunció los hechos, la Junta firmó contratos de emergencia una vez superada la pandemia por 242 millones de euros. Los contratos de emergencia, según los socialistas, eran más caros que la administración, 80 euros más en el caso, por ejemplo, de un TAC. Y sirvieron para atender a pacientes con patologías que no estaban contempladas en los contratos. El PSOE también apunta a que en los correos electrónicos de la Junta con al menos un hospital de la provincia de Jaén se evidencia que cambiaron la fecha de atención al paciente porque se habían hecho pruebas después de terminar el contrato de emergencia que habían firmado. Con este contratación también se hicieron obras hospitalarias.

El juez que investiga los hechos, José Antonio Gómez, ha pedido a los abogados presentes en la causa que informen a los periodistas de los problemas informáticos que tienen los juzgados. Eso ha hecho que el magistrado no haya podido exhibir documentación a los testigos a través del ordenador. El sistema no lo permite, según han explicado los letrados.

El próximo día 25 están citados a declarar como investigados la actual gerente del SAS, Valle García y los ex gerentes Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.