Explotación laboral en Málaga: "Sin contratos, multados por faltar al trabajo, incluso enfermos, y malviviendo en oficinas"

Málaga

La Policía Nacional, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha detenido en la localidad de Torremolinos al responsable de un supermercado mayorista por supuesta explotación laboral de migrantes sudamericanos en situación irregular en el país.

El arrestado se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para someterlas a jornadas abusivas, a cambio de un sueldo que ni siquiera alcanzaba el salario mínimo interprofesional. Sin contrato y sujetos a multas por faltar al puesto de trabajo, incluso enfermos, vivían, además, en condiciones indignas en las oficinas de la propia nave industrial en la que trabajaban.

La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental -UCRIF- de la Comisaría de Policía Nacional en Torremolinos, se inició el pasado mes de octubre. El establecimiento ya había sido inspeccionado en 2023 por mismos motivos y en aquel momento se localizaron a cuatro trabajadores sin permiso de trabajo.

En la actualidad, con esta nueva operación, los agentes identificaban a una plantilla de 12 empleados, de los que la mitad estaba en situación irregular.

70 horas de trabajo a la semana

Los investigadores destacan que, las víctimas eran sometidas a jornadas abusivas, alcanzando en algunos casos las 70 horas semanales -muy lejanas a las 40 horas máximas permitidas en España-.

"El concepto de hora extra directamente no existía para estos trabajadores, que tampoco disfrutaban de vacaciones y días festivos. En cuanto al sueldo que percibían, apenas ganaban unos 900 euros al mes, una remuneración que no alcanza el salario mínimo interprofesional, y de la que el empresario restaba 250 euros mensuales por el alquiler de una oficina, en la propia nave industrial en la que trabajaban, donde vivían".

Un “domicilio” indigno y sin intimidad

"Con colchones en el suelo y sábanas que servían a modo de separador de estancias, las víctimas compartían un improvisado domicilio sin las condiciones mínimas de salubridad e intimidad".

"Tampoco la jornada de trabajo era mejor, pues desarrollaban sus cometidos sin estar provistos del material óptimo de seguridad. Se constataba que algunos utilizaban a diario una máquina elevadora sin formación para ello y sin contar con elementos básicos de seguridad como botas y casco".

"Controlados por las cámaras de video-vigilancia, el empresario castigaba a las víctimas con multas, que podían rondar los 50 euros, por ir al baño con más frecuencia de lo que estimaba oportuno, o por demorarse unos minutos a la entrada de la jornada laboral".

Un juzgado de Torremolinos se ha hecho cargo del caso.