Fiscalía y PSOE piden seguir con el proceso contra el alcalde de Estepona y la cargo de confianza que no fue a trabajar

Marbella

Tras un parón de cinco meses esta mañana se ha reanudado el procedimiento judicial abierto contra el alcalde de Estepona, el popular José María García Urbano, por un presunto delito de malversación derivado de la contratación durante unos meses como cargo de confianza en el Ayuntamiento de una mujer que reconoció en sede judicial que nunca acudió a su puesto de trabajo si bien cobró de las arcas públicas.

Tanto la fiscalía como el PSOE, personado en la causa, han solicitado la imputación del alcalde como autor de un presunto delito de malversación y también de la mujer contratada como cargo de confianza al entender que fue cooperadora necesaria. Vox, que ejerce la acusación popular, se ha limitado a solicitar la imputación de García Urbano al entender que ella no tiene responsabilidad penal.

Solicitud de sobreseimiento

Por su parte las defensas de García Urbano y de la mujer contratada como cargo de confianza, han solicitado el sobreseimiento de la causa para sus representados.

La defensa de García Urbano ha recordado a través de un comunicado que se da la circunstancia de que la Justicia ha dado la razón al alcalde con el archivo definitivo por parte de la Audiencia Provincial de la denuncia que esta mujer presentó contra él por un supuesto caso de acoso. Así, la Audiencia Provincial de Málaga, continúa el comunicado, "ha confirmado la falsedad de su relato y que, por tanto, el alcalde ha sido víctima de una denuncia falsa por parte de esa persona".

La defensa del alcalde insiste en la falsedad del relato de la denunciante, que también está investigada en este procedimiento, y defiende que no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Estepona desde que José María García Urbano es alcalde.

Es más, para dar mayores garantías al procedimiento y demostrar la inexistencia de irregularidades y perjuicio alguno para el Ayuntamiento, se ha consignado la cantidad que la investigada percibió durante el periodo que estuvo trabajando, esto es, 5.276,92 euros.

Por otro lado, la defensa del alcalde destaca que ninguna de las partes acusadoras ha presentado pruebas contra el alcalde.

La defensa de García Urbano insiste en que este procedimiento deriva de "una inadmisible e injusta campaña política y mediática, con el único objetivo, como así ha ratificado la Justicia, de dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona, intentando apartarle del Ayuntamiento y de su compromiso con esta ciudad".

A partir de ahora se abre un periodo de cinco días en el que todos los implicados podrán presentar nuevas diligencias de prueba si así lo consideran oportuno.

Si no hay ninguna novedad el titular del juzgado número cinco de Estepona tendrá que decidir, pasado ese tiempo, si continúa con la causa o si decreta el sobreseimiento de la misma.

Reacciones políticas

Desde el PSOE el secretario provincial de la formación, Josele Aguilar, ha pedido al presidente del PP Andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla que aparte de la alcaldía a García Urbano.

Según ha señalado "no puede presumir de actuar con diligencia en casos de corrupción en otras provincias, como Almería, mientras guarda silencio absoluto sobre lo que sucede en Estepona.

Los socialistas consideran que el regidor ha reconocido su culpabilidad al devolver el dinero que "su amiga íntima percibió del ayuntamiento".

Para Josele Aguilar, la devolución del dinero “es un reconocimiento claro de su culpabilidad”. “En lugar de intentar demostrar que la mujer contratada desempeñó sus funciones, ha devuelto el dinero que cobró, admitiendo de esta forma que lo percibió indebidamente”, ha señalado.

Desde VOX, mientras tanto, consideran que la devolución del dinero por parte del alcalde es un intento de rebajar su posible condena por malversación. Según el portavoz del citado partido, Manuel Aguilar "el ingreso del dinero por parte de García Urbano busca la atenuante de la reparación del daño causado que haría que la pena a imponer se reduzca".

Aguilar recuerda que el perjuicio para el Ayuntamiento no es de 5.200 euros "ya que habría que añadir las cantidades retenidas y los seguros sociales lo que implicaría unos 3.000 euros más".