Catalina García, citada a declarar como testigo el 20 de enero por los contratos de emergencia del SAS
La Fiscalía Anticorrupción pidió su declaración ya que supuestamente pidió, como viceconsejera de Salud, que se cambiara la fiscalización de la contratación de emergencia
Catalina García Destaca Las Acciones Del Gobierno Andaluz Para Mejorar La Calidad Y Seguridad En El Funcionamiento De Los Centros Sanitarios / JUNTA DE ANDALUCÍA
Sevilla
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a declarar el próximo 20 de enero a Catalina García, actual consejera de sostenibilidad y ex viceconsejera de Salud, y también al que fue viceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa. El magistrado que investiga los contratos sanitarios de emergencia del SAS tras haber decaído la legislación que los amparaba en plena pandemia cita a la consejera y al que fuera viceconsejero de Hacienda en calidad de testigo.
La solicitud de la declaración de Catalina García obedece al periodo en la que tuvo responsabilidades como viceconsejera en Salud, consejería que también dirigió desde julio de 2022 hasta que dos años después se puso al frente de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La Fiscalía Anticorrupción pretende que estos dos testigos aclaren el cambio en la fiscalización de los contratos investigados.
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El pasado 25 de noviembre declararon como investigados ante el juez la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus dos predecesores en este puesto, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, que justificaron el mantenimiento de los contratos sanitarios de emergencia en el contexto de la covid-19 y consideraron que su actuación estuvo avalada por los correspondientes informes.
El Juzgado de Instrucción 13 es el encargado de la denuncia inicial del PSOE por el mantenimiento de dichas contrataciones de emergencia, por un montante total cifrado en 242 millones de euros, cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la COVID que las justificaba.
Entre otras cuestiones, en esta instrucción se intenta aclarar la forma en la que fue sustituido, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado 6 de octubre de 2020 y en un contexto de urgencia por la COVID-19, el sistema de fiscalización previa para determinados gastos, órganos y servicios por el denominado "Control Financiero Permanente". En la última providencia del juez también accede a prorrogar el plazo de instrucción hasta el 1 de abril de 2026.
