Ante las multas de la ZBE: “¿Cómo cuidaré de mis padres si no puedo entrar en coche?”

Málaga

La entrada en vigor de las multas de la zona de bajas emisiones (ZBE) en Málaga ha coincidido este lunes con los primeros casos que evidencian la complejidad social de la medida para algunos ciudadanos. Uno de ellos es el de Paqui, vecina de Alhaurín de la Torre, que cada semana se desplaza para atender a sus padres dependientes en el centro de la capital. Ya puedes escucharlo.

Su situación revela uno de los principales puntos de fricción: ¿cómo acceder a viviendas en la ZBE cuando el vehículo familiar no cumple los requisitos ambientales? “Nos costaría 200 euros a la entrada y 200 a la salida. Si hay una emergencia, ¿cómo lo hacemos?”, denuncia. La prestación pública solo cubre una parte de los cuidados, por lo que son los hijos quienes asumen la mayor parte de los desplazamientos. En su caso, dos hermanos viven fuera de Málaga y tres en la ciudad, pero varios de ellos poseen coches sin etiqueta ambiental. “¿Nos tenemos que endeudar para comprar un coche solo para asistir a nuestros padres?”, lamenta.

A este problema cotidiano se suman las dificultades de movilidad: conexiones de autobús deficitarias, necesidad de combinar coche, tren y autobús, y la incertidumbre sobre qué ocurriría en una urgencia médica. “¿Han previsto algo para los cuidadores? ¿Van a contemplar excepciones?”, pregunta Paqui, que también señala la paradoja de limitar la entrada de vehículos particulares mientras los cruceros y los aviones continúan operando sin restricciones equivalentes.

Sindicatos y oposición: “El Ayuntamiento llega tarde y sin alternativas”

Comisiones Obreras lleva meses alertando de la falta de planificación. Su secretario provincial, Fernando Cubillo, insiste en que el sindicato respalda la reducción del tráfico privado, pero denuncia que “se ha llegado a la fase de multas sin poner en marcha las alternativas necesarias”.

Cubillo resume las principales carencias que, a su juicio, lastran la implantación de la ZBE. La primera es la ausencia de aparcamientos disuasorios plenamente operativos. Aunque están proyectados, siguen sin ejecutarse, y esto, explica, deja sin alternativas a quienes llegan desde zonas como la Axarquía, ya de por sí saturadas en las horas punta y sin espacios disponibles para dejar el vehículo en puntos como El Palo o Arroyo Totalán.

A esta falta de infraestructuras se suma la ausencia de refuerzos en el transporte público, tanto en el Consorcio Metropolitano, dependiente de la Junta, como en la EMT, "que deberían absorber el incremento de usuarios que exige un modelo de movilidad más restrictivo con el coche privado" asegura.

El tercer punto crítico según el líder de CC.OO es la escasa apuesta por la intermodalidad. El sindicato recuerda que propuso hace un año abrir antes de las 10:00 los aparcamientos de Plaza Mayor para facilitar el acceso al tren de Cercanías a quienes llegan desde la Costa. La iniciativa, sin embargo, no se ha materializado.

Cubillo cita también casos frecuentes entre jóvenes que se han tenido que mudar fuera de Málaga por los altos precios de la vivienda. "Muchos cuentan con coches antiguos que ya no pueden acceder al centro, lo que les dificulta acudir a familiares dependientes o responder ante una emergencia" señala.

El líder sindical insiste en que la entrada en vigor del régimen sancionador se produce en un contexto marcado por las dudas de numerosos usuarios sobre cómo adaptarse a las nuevas restricciones y a la ausencia de alternativas que puede afectar especialmente a quienes dependen del vehículo para atender obligaciones familiares o desplazarse desde municipios del área metropolitana.

También el PSOE cuestiona la implantación. El grupo municipal socialista asegura que el Ayuntamiento ha activado la ZBE “sin planificación, sin alternativas reales de transporte y sin los aparcamientos disuasorios necesarios para absorber la entrada de vehículos desde otros municipios”, cuyos conductores se enfrentan a multas de 200 euros si acceden sin certificación o con vehículos no empadronados.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, recuerda que la implantación —obligatoria desde 2023 para ciudades de más de 50.000 habitantes— “llega con más de un año de retraso, tras encadenar anuncios, rectificaciones, improvisaciones y períodos de inacción”. Añade que “llevan meses pidiendo un despliegue ordenado, con aparcamientos disuasorios, lanzaderas de EMT y una estrategia metropolitana”, y que, a su juicio, “la medida es necesaria, pero la ciudad no está preparada porque el PP no ha hecho los deberes” añadió.