Medio centenar de interinos de Jaén se encuentran “en un limbo” por la falta de aplicación de “la ley estrella” de función pública de la Junta

Jaén

Medio centenar de interinos de Jaén se encuentran “en un limbo” por la falta de aplicación de “la ley estrella” de función pública de la Junta. El Pleno del Parlamento andaluz aprobó en 2023 la Ley de la Función Pública de Andalucía, que sustituía a una norma de 1985 y que trataba de modernizar la administración andaluza dando al personal funcionario e interino oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

En el espacio ‘Hoy por Hoy’ de Radio Jaén Cadena SER hemos podido entrevistar a Marta Bracho, la portavoz de la Plataforma 20%:

Según la plataforma, “la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía tropieza con su propia ley estrella de función pública por la paralización de una de las medidas más ambiciosas de la Ley 5/2023 de Función Pública: la creación de un colectivo específico para cubrir vacantes con personal funcionario, evitando así el recurso sistemático a interinos. Esta iniciativa, recogida en la disposición adicional 28 de la ley, responde a exigencias de la Unión Europea y del Gobierno de España, que han instado a las comunidades autónomas a reducir la temporalidad en el empleo público”.

Sin embargo, denuncian, “a pesar de que la norma fue aprobada en junio de 2023 y entró en vigor en diciembre del mismo año, la Junta no ha activado el procedimiento necesario para que esta disposición se materialice. Según fuentes internas y documentos obtenidos a través de solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia, la propia Consejería reconoce la existencia de vacantes dotadas presupuestariamente que podrían ser ocupadas por funcionarios de carrera. No obstante, más de un centenar de personas que cumplen los requisitos establecidos siguen sin plaza, atrapadas en un limbo administrativo que contradice el espíritu de la ley”.

La disposición adicional 28 “fue concebida como un mecanismo de transición para evitar que plazas estructurales siguieran siendo ocupadas por personal interino. En lugar de convocar nuevos procesos selectivos o mantener contratos temporales, se habilitó la posibilidad de crear un colectivo de funcionarios disponibles para cubrir esas vacantes de forma inmediata Esta medida no solo permitiría cumplir con los compromisos europeos de estabilización del empleo público, sino que también aportaría seguridad jurídica y eficiencia a la gestión administrativa”.

Pero la realidad dista mucho del papel. “A día de hoy, no existe resolución, instrucción ni convocatoria oficial que active este colectivo. Los escritos enviados por los afectados, muchos de ellos con años de servicio en la administración, han sido respondidos con evasivas o reconocimientos formales que no se traducen en acciones concretas. La opacidad del proceso y la aparente falta de voluntad política para ejecutar lo que ya está legislado ha generado un profundo malestar entre el colectivo de implicados”.

Además, se plantea si la Junta de Andalucía está incumpliendo los compromisos adquiridos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “que exige reducir la temporalidad en el empleo público como condición para acceder a los fondos europeos Next Generation. Aunque esta exigencia no afecta directamente a la financiación autonómica ordinaria, si condiciona parte de los recursos extraordinarios que el Estado y las comunidades reciben para modernizar sus administraciones”.

Ante la inacción de la Consejería, los afectados han elevado la situación al Defensor del Pueblo Andaluz, “solicitando su intervención para desbloquear el procedimiento y garantizar el cumplimiento de la Ley 5/2023. A pesar de que la petición fue registrada hace semanas, hasta la fecha no se ha recibido respuesta formal, lo que incrementa la sensación de abandono institucional y vulneración de derechos entre los funcionarios implicados. Esta parálisis administrativa perpetúa la precariedad laboral en la administración autonómica y vulnera el principio de igualdad en el acceso a la función pública, al mantener vacantes cubiertas de forma interina cuando existen funcionarios disponibles para ocuparlas conforme a la ley”.