CSIF denuncia el auge de la Formación Profesional privada en Andalucía, que ha crecido un 76 % frente al 29 % de la pública

"Estas cifras son inaceptables" E Benítez, CSIF
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Málaga
El crecimiento de la Formación Profesional en el ámbito privado frente al escaso avance de la oferta pública en los últimos cinco cursos es "preocupante" en Andalucía, alerta este jueves el sindicato CSIF.
La organización sindical ha informado de que, según los datos oficiales del Ministerio de Educación y de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el número de unidades de FP privada ha crecido un 76,19% frente al incremento de la red pública en un 29,82 %. “Estas cifras son inaceptables y demuestran que las políticas actuales en este ámbito requieren de un giro inmediato”, ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.
Con respecto al incremento del alumnado matriculado en ciclos de Grado, este se sitúa en el 66,04 % en la red privada y solo un 17,11 % en la pública.
"Este ritmo desigual también se evidencia en los datos sobre el crecimiento del número de centros que imparten FP, con un incremento del 51 % en la oferta privada frente al 11,5 % en los centros del sistema educativo público. No es un dato neutro, sino que supone un desvío de recursos, pérdida en la equidad en el acceso a estas enseñanzas y una presión adicional sobre el profesorado y los centros públicos, que ven reducida su capacidad para ofrecer una FP de calidad”
"Mientras crece la oferta privada, la FP pública sufre falta de planificación, ausencia total de apoyo institucional y problemas organizativos que lastran su capacidad educativa".
“A esa evidente desigualdad se suman los problemas operativos. Con esto nos referimos a los continuos fallos en la plataforma Séneca, que dificultan la labor del profesorado para elaborar planes individualizados, programas formativos y convenios”, ha subrayado García.
Y ha reclamado "una estrategia pública de refuerzo de la FP que priorice la apertura de unidades públicas allí donde exista demanda y necesidad para evitar la mercantilización del derecho a la formación profesional".




