José María Bellido: "El crecimiento de HITACHI en Córdoba no puede ser a costa de los derechos laborales"

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha mantenido un encuentro informal con los trabajadores de la factoría que HITACHI Energy tiene en la ciudad para transmitirles su "apoyo incondicional en las negociaciones con la empresa". Durante un año, sindicatos y compañía han intentado sacar adelante un nuevo convenio colectivo sin éxito, pese a las casi cuarenta reuniones mantenidas entre las partes. La cuerda no ha dejado de tensarse hasta llegar a una huelga y paros parciales de los trabajadores de una de las fábricas de transformadores eléctricos más avanzadas de Europa.

La amonestación a varios representantes sindicales condujo a una acción reivindicativa consistente en un encierro en la factoría de parte de la plantilla. La dirección de la multinacional japonesa en Córdoba no solo aumentó el despliegue de seguridad privada sino que solicitó la intervención de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional para el desalojo de las instalaciones. Finalmente los efectivos policiales no actuaron, pero la compañía abrió un expediente disciplinario a todos los participantes en el encierro.

Contactada por Radio Córdoba, HITACHI Energy se limita a decir que las sanciones responden a la "apliación de los códigos de conducta internos, de común cumplimiento para todos los trabajadores". Fuentes de la empresa dicen que "el encierro supuso una vulneración de la Ley de las normas de seguridad de unas instalaciones donde hay material de alta tensión y peligroso", recordando que "en multitud de ocasiones se advirtió durante el encierro de que habría represalias".

Con todo, en este proceso han intentado mediar la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación provincial o la Confederación de Empresarios (CECO). Sin éxito. También se ha implicado de lleno la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con implicación directa de su titular, la cordobesa Rocío Blanco. La administración autonómica se ha marcado la mediación para alcanzar un acuerdo como objetivo último, aunque varias reuniones en el SERCLA han sido infructuosas.

Empleo dio un paso más, convocando a las partes en el Consejo Andaluz De Relaciones Laborales (CARL). Tras ese encuentro, el Comité de Empresa decidió paralizar una de las jornadas de huelga que se habían convocado "como gesto de buena voluntad", hasta la próxima cita, agendada para este jueves. Esperaban, a cambio que Hitachi retirase las 76 propuestas de sanción abiertas. Nada más lejos de la realidad: a 48 horas de la nueva reunión, la empresa ha confirmado los expedientes disciplinarios que incluyen sanciones de entre 21 días y cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo.

"Han impuesto los castigos según las necesidades de producción y los más perjudicados son los representantes sindicales", lamentan portavoces de la plantilla. Domingo Centella, de Comisiones Obreras, asegura que la factoría se ha convertido en "una cárcel en la que nos tratan como a delincuentes". De hecho, explica el representante del Comité de Empresa, "para la comunicación de las sanciones se llamó persona a persona, a la que se hacía un pasillo de agentes de seguridad privada".

Mientras en Sevilla se celebra un nuevo encuentro entre las partes con la mediación de la Consejería de Empleo, varios trabajadores han protagonizado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. A su encuentro ha acudido el primer edil de la ciudad, quien se ha mostrado tajante frente a la plantilla al asegurar que "todos buscamos que la actividad empresarial en Córdoba crezca, pero eso no se puede hacer a costa de los derechos laborales".

"Hemos trasladado nuestra postura a la dirección de Hitachi y en esa línea vamos a seguir, porque no vamos a priorizar una inversión empresarial por encima de los trabajadores", ha sentenciado José María Bellido al tiempo que tendía la mano a los trabajadores para "mantener cuantas reuniones sean necesarias".

EL CONTEXTO: UNA AMPLIACIÓN DE FÁBRICA CON AYUDA DE LAS INSTITUCIONES

La conflictividad laboral se ha instalado en la delegación cordobesa de la multinacional en un momento clave. En julio del año anterior, Hitachi Energy anunció una ampliación de su fábrica en Córdoba para hacerla capaz de producir transformadores acorazados y transformadores de tipo columna. Una apuesta que requiere la movilización de hasta 80 millones de euros hasta 2027 y cuyas obras se han iniciado esta misma semana.

Este proyecto ha sido declarado de 'interés estratégico' para la Comunidad Autónoma de Andalucía para que cuente con prioridad en todos los trámites necesarios. Y además, este verano el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó la concesión de una ayuda de 3,2 millones de euros a HITACHI Energy de la Consejería de Industria, Energía y Minas para la ampliación de la factoría.

La multinacional japonesa ha conseguido también un trato preferente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, que redactó una ordenanza ad hoc para la ampliación de Hitachi. Así, se le permitirán ciertas excepciones a la normativa que ninguna compañía había conseguido en Córdoba, como la posibilidad de levantar un edificio de 35 metros de altura —frente a los 30 metros como máximo permitidos— y completamente anexo a las instalaciones con las que cuenta en la actualidad —sin dejar cuatro metros de linderos establecidos—.