La Fiscalía pide investigar al alcalde de Estepona por un presunto delito de tráfico de influencias

Málaga

El Ministerio Público en Málaga ha registrado ante el juzgado decano de Estepona una denuncia en la que solicita la apertura de diligencias por posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Los investigados serían el alcalde del municipio, José María García Urbano (PP), junto a cinco miembros de la mesa de contratación municipal que intervino en la adjudicación del uso de tres plantas de la torre Mirador del Carmen para un proyecto de restauración. La concesión recayó en una empresa vinculada sentimentalmente a la familia del regidor, ya que su socia única y administradora era la pareja de su hijo.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se centra en un concurso público convocado en 2023 para explotar un espacio de titularidad municipal destinado a una iniciativa gastronómica orientada al turismo de calidad. Al proceso concurrieron únicamente dos sociedades, resultando adjudicataria la mercantil relacionada con el entorno familiar del alcalde. Así figura en el documentación a la que ha tenido acceso SER Málaga.

De acuerdo con los informes incorporados a la denuncia, ni la responsable de la empresa ni la propia sociedad contaban con trayectoria previa en el sector de la restauración. Además, el objeto social original de la mercantil no incluía dicha actividad, que fue añadida mediante una modificación estatutaria apenas dieciocho días antes de la firma formal de la concesión.

La Fiscalía también señala que la empresa no estaba correctamente inscrita en el Impuesto de Actividades Económicas. Aunque se dio de alta el 16 de mayo de 2023, causó baja tan solo seis días después, circunstancia que, según el escrito, evidenciaría la inexistencia real de una estructura empresarial operativa, sin personal, proveedores ni medios para desarrollar la actividad comprometida.

Asimismo, se subraya la falta de solvencia económica y profesional de la adjudicataria. La denuncia sostiene que el proyecto presentado se limitaba a una declaración de intenciones sin viabilidad real, lo que quedaría reflejado en el hecho de que, el 30 de mayo de 2024 y sin haber iniciado la explotación, la socia única vendió la totalidad de las participaciones de la empresa. Esta operación se habría realizado pese a que el pliego de condiciones prohibía expresamente la cesión de la concesión a terceros sin autorización municipal.

Otro de los aspectos destacados es el origen de los fondos empleados para constituir las garantías exigidas por el Ayuntamiento. Según la denuncia, el dinero procedía del hijo del alcalde, quien habría recibido previamente una donación de su padre por importe de 20.000 euros pocos días antes de la consignación de la fianza.

Para la Fiscalía, la adjudicación de un contrato público a una empresa que no cumplía los requisitos mínimos de solvencia supone una actuación contraria al ordenamiento jurídico y carente de justificación técnica o legal. Esta circunstancia, unida al vínculo personal entre la administradora de la empresa y la familia del alcalde, lleva al Ministerio Público a concluir que la decisión habría respondido a una voluntad discrecional del órgano adjudicador, con apoyo económico directo del entorno familiar del regidor.

En el escrito presentado ante el juzgado, la Fiscalía solicita diversas diligencias, entre ellas el requerimiento al Ayuntamiento de toda la documentación del expediente de contratación, la citación de los agentes de la UDEF que han elaborado los informes, del empresario que no resultó adjudicatario, de los responsables de la empresa que posteriormente adquirió la mercantil investigada y de los denunciados, estos últimos en calidad de investigados.

Respuesta del Ayuntamiento

Frente a estas acusaciones, fuentes municipales consultadas han defendido la legalidad del procedimiento y han negado la existencia de cualquier conducta delictiva. Según estas fuentes, tanto el alcalde como los miembros de la mesa de contratación afrontan el proceso con tranquilidad y confían en poder acreditar ante la autoridad judicial que la adjudicación se ajustó plenamente a la normativa vigente.

Desde el Ayuntamiento se recalca que la tramitación fue supervisada en todo momento por funcionarios públicos y no por cargos políticos, garantizando —según sostienen— el cumplimiento de la legalidad administrativa. También se insiste en que el alcalde no participa en las mesas de contratación ni interviene en la redacción de los pliegos ni en la elección de las empresas adjudicatarias.

El Consistorio subraya igualmente que el procedimiento se desarrolló con publicidad y transparencia, que las condiciones fueron fijadas por técnicos municipales y que no se presentaron recursos ni alegaciones durante los plazos legales, ni por parte de la otra empresa licitadora ni por terceros, ni en vía administrativa ni judicial, tras la adjudicación del contrato.

Reacción desde el PSOE

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla, que actúe ante los escándalos judiciales que afectan al alcalde del PP en Estepona, José María García Urbano.

Junto a la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, Bernal ha realizado estas declaraciones tras conocerse que la Fiscalía Provincial de Málaga ha presentado una denuncia ante el juzgado decano de Estepona solicitando que se investigue al regidor por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Según ha explicado Bernal, la denuncia de la Fiscalía se refiere a la concesión de tres plantas de la torre Mirador del Carmen para uso de restauración a una empresa cuya socia única y administradora era la pareja del hijo del alcalde. “Nos encontramos ante un nuevo caso de extrema gravedad que se suma a otros procedimientos judiciales ya conocidos”, ha señalado.Bernal ha recordado que García Urbano ya se enfrenta a un proceso judicial por un presunto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la contratación de una persona con la que mantenía una relación personal.

“Ahora se abre una nueva investigación en la que la propia Fiscalía aprecia indicios suficientes para pedir que se investigue una posible actuación irregular del alcalde en beneficio de su entorno familiar”, ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que el alcalde “tendrá que dar muchas explicaciones ante la Justicia” y ha advertido de que “los casos judiciales no dejan de acumularse”.

Asimismo, ha interpelado directamente al presidente de la Junta de Andalucía: “La pregunta es qué va a hacer el Partido Popular y qué va a hacer Juanma Moreno Bonilla. Si va a actuar en Estepona igual que presume haber actuado en otros municipios o si va a mirar hacia otro lado cuando los problemas están dentro de su propio partido”. Bernal ha reclamado que se apliquen los mismos criterios de exigencia y responsabilidad política “a todos por igual”.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha denunciado que la ciudad “no deja de ser noticia por asuntos judiciales que afectan directamente a su alcalde”. Ha recordado que uno de los casos ya está encaminado a la Audiencia Provincial por un presunto delito de malversación y que ahora se suma esta nueva investigación impulsada por la Fiscalía.

“Es vergonzoso que Estepona esté permanentemente vinculada a los juzgados por la gestión de su alcalde”, ha señalado.Molina ha destacado que la concesión del Mirador del Carmen ya fue denunciada por el PSOE en el pleno municipal “sin que el alcalde diera ninguna explicación”. Ha añadido que la Fiscalía también solicita investigar a la teniente de alcalde Ana Velasco y a varios técnicos municipales, lo que, a su juicio, “refuerza la gravedad de los hechos y la necesidad de aclarar todo lo ocurrido”.

Finalmente, ha insistido en que José María García Urbano “no puede seguir al frente del Ayuntamiento” y ha vuelto a reclamar su dimisión. “Es una cuestión de dignidad democrática y de respeto a los vecinos y vecinas de Estepona, que no merecen que su ciudad siga asociada a escándalos judiciales”, ha concluido.