El asesor de la plataforma 'Gasolinera NO' habla de "atropello jurídico" con la reapertura del procedimiento
Miguel Villa, asesor jurídico del colectivo vecinal, señala en Radio Palma que el procedimiento de calificación ambiental que intenta rehabilitar el Ayuntamiento no se ajusta a las sentencias judiciales y anima a la ciudadanía a presentar alegaciones.

Entrevista a Miguel Villa, asesor jurídico de la plataforma 'Gasolinera NO'
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Palma del Río
El conflicto por la instalación de una gasolinera en la avenida de Andalucía de Palma del Río suma un nuevo capítulo. Tras años de litigios, la plataforma vecinal 'Gasolinera NO' vuelve a la carga ante el reciente movimiento administrativo del Ayuntamiento para intentar desbloquear el proyecto de la empresa Plenoil.
En una entrevista en Hoy por Hoy Palma, el asesor jurídico de la plataforma, Miguel Villa, ha sido tajante al calificar la situación actual como un "atropello jurídico". Según Villa, el consistorio está intentando validar el proyecto mediante la rehabilitación de un procedimiento de calificación ambiental que, a juicio de los vecinos, debería haberse iniciado desde cero para cumplir con la legalidad.
La clave del conflicto actual reside en cómo se está ejecutando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Mientras el Ayuntamiento interpreta que puede "rehabilitar" el proceso anterior, la plataforma sostiene que esto es irregular.
"La rehabilitación de la calificación ambiental no se ajusta a lo dictaminado por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", según ha afirmado Villa, añadiendo que, desde el punto de vista de la plataforma, el proceso es "totalmente ajeno a lo correcto" tanto administrativa como judicialmente.
Villa lamenta además la falta de recursos para los afectados en esta fase. "No se nos ha dado ni siquiera la posibilidad de recurrir este decreto" por el cual la alcaldía acuerda rehabilitar el expediente basándose en informes de la Diputación de Córdoba.
La plataforma ha hecho un llamamiento a colectivos y ciudadanos para que presenten alegaciones de forma masiva. Aunque el proceso ha sufrido cierta "confusión" debido a fallos en los enlaces telemáticos del Ayuntamiento, el periodo para manifestar oposición sigue abierto.
El asesor jurídico ha adelantado que la batería de alegaciones que presentarán los vecinos se divide en dos frentes: un punto técnico que denunciará la distancia a edificios sensibles como la guardería o la existencia de un "flujo de agua" bajo el local que no ha sido valorado correctamente. En el terreno urbanístico, Villa sostiene que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no permite ciertas actividades previstas. "El mero hecho de poner el lavadero, la maquinaria, no está autorizada por el PEGOU en ese lugar" según señala.
Tras ocho años de lucha vecinal, el sentimiento en la plataforma es de resistencia frente a un proyecto que consideran perjudicial para el municipio. Villa concluye que no se trata solo de una cuestión legal, sino de salud pública y bienestar urbano.
"Esto es un problema de Palma. Esto es un problema de los palmeños colocar la gasolinera en el lugar donde se pretende va, no precisamente a mejorar la vida y la calidad de vida de los ciudadanos, sino todo lo contrario" concluyó.




