CSIF Prisiones alerta de un aumento de la peligrosidad de los reclusos en la cárcel de Alcolea

Córdoba

"Sabemos que trabajamos en un medio hostil en el que reducir las agresiones a cero es imposible", lamenta Teresa López, delegada de CSIF en la cárcel de Alcolea (Córdoba). Sin embargo, insiste en la necesidad de que el Ministerio del Interior reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad "para que las penas por atacarnos sean mayores y el preso se lo piense dos veces antes de hacerlo". Es una reivindicación histórica que lleva años sobre la mesa y sobre la que poco se ha avanzado.

Sin embargo, López se congratula por los éxitos logrados a través de la negociación en los últimos meses en el centro penitenciario cordobés. "Solicitamos arcos detectores de metales en los accesos, cambiar de localización los medios coercitivos y de defensa para tenerlos más accesibles si hay que intervenir y pedimos la compra de nuevos trajes antitrauma; y todo esto se ha hecho", dice la portavoz sindical.

De igual forma, apunta en declaraciones a La SER, "trabajando en equipo con la dirección del centro hemos conseguido que se compren 'botones del pánico' y se instalen cámaras de vigilancia en determinados módulos, aunque será necesario que se amplíe esta medida a más espacios".

A los equipamientos de la cárcel de Córdoba se han incorporado recientemente botones del pánico, arcos de detección de metales, nuevos trajes de protección y cámaras de vigilancia en algunos módulos

Pese a las medidas implementadas, la portavoz de CSIF considera que su trabajo tiene "cada día más peligrosidad". En el año 2024, en España se registraron 504 agresiones contra funcionarios de las cárceles; y Teresa López anticipa "un repunte aberrante en 2025, que también se ha sentido en Córdoba". De hecho, la organización sindical avanza que el número de agresiones a funcionarios en el primer semestre del 2025 se acerca a la cifra total de ataques sufridos en el año 2024.

Entre las principales causas, CSIF señala un cambio de perfil de la población reclusa. "Hablamos de personas mucho más peligrosas, que tienen estrategia, pertenecen a bandas organizadas o a mafias", lamenta López.

Sería clave, según el sindicato, la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo y la incorporación de más personal. En la cárcel de Córdoba hay 1.454 personas reclusas —incluyendo el Centro de Inserción Social—, de las que se hacen cargo 527 trabajadores entre funcionarios y personal laboral. Pero en la vigilancia de los módulos, explica la portavoz de CSIF, "lo habitual es que seamos un par de funcionarios para controlar a un centenar de presos, lo cual nos deja muy expuestos".

SISTEMAS ANTIDRON Y RECLASIFICAR PRESOS:

Los funcionarios de prisiones de Córdoba enfrentan hoy nuevos retos como la utilización de drones para la introducción de objetos prohibidos y estupefacientes dentro de la cárcel. "Hemos conseguido requisar algunas de las cargas de esas aeronaves no tripuladas. que principalmente llevaban móviles, cargadores o droga", narra Teresa López. Sin embargo, desde la organización sindical reclaman que Instituciones Penitenciarias equipe las prisiones con inhibidores de frecuencia que impidan el vuelo de estos dispositivos.

"Las redes criminales van por delante de nosotros", lamenta la portavoz para exigir al Estado que active planes de formación "continuos y específicos". A esta labor contribuirá el futuro Centro de Estudios Penitenciarios que se instalará en Cuenca, "que ya va con retraso en su puesta en funcionamiento", sentencia. A esto se añade, según López, la necesidad de "incorporar nuevos métodos de defensa para los funcionarios, como pistolas táser que puedan utilizarse en circunstancias muy extremas".

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Además, la funcionaria se muestra especialmente preocupada por las "clasificaciones mal realizadas a propósito para maquillar las estadísticas". Teresa López acusa a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de aplicar "políticas buenistas que conllevan que algunos reclusos que deberían estar en primer grado se encuentre en segundo grado, compartiendo espacio con presos menos peligrosos". Esto, asegura, "es un riesgo no solo para los trabajadores de las prisiones, sino también para la población de las mismas".

DOS COMPAÑEROS DETENIDOS:

El año 2025 ha marcado un capítulo negro para los funcionarios de prisiones en Córdoba también por otros motivos. Dos trabajadores del centro de Alcolea han sido detenidos por la Guardia Civil e internados en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla). Actualmente se encuentran en libertad provisional a espera de juicio.

Uno de ellos está siendo investigado por, presuntamente, introducir drogas, perfumes o teléfonos móviles en la prisión a demanda de los reclusos. Sobre el otro —que había ocupado cargos de gran responsabilidad organizativa dentro de la prisión cordobesa— pesa una investigación por un supuesto delito de cohecho al haber facilitado, a cambio de dinero, permisos de salida a internos.

Es un tema sobre el que los sindicatos de funcionarios de prisiones se han mantenido al margen. Preguntada al respecto, Teresa López responde que es "un asunto judicializado y en el que con el tiempo se verá lo que hay" al tiempo que llama a "respetar la presunción de inocencia" de sus dos excompañeros.

SIN PERSONAL SANITARIO EN LA CÁRCEL:

Al margen de las reivindicaciones propias de los carceleros, CSIF llama la atención sobre la carencia de médicos y enfermeros dentro de los centros penitenciarios. Un problema extendido a nivel nacional que cada vez plantea mayores retos para el personal de las cárceles. "La diferencia salarial entre los facultativos que prestan servicio en la prisión y los que trabajan en un centro de Salud es tan abismal que ninguno quiere venir a trabajar aquí", dice Teresa López.

Según datos de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), más del 70 % de las plazas médicas en las prisiones del país no se cubren.