La Policía Nacional desaloja el edificio de la calle Ollerías tras una orden judicial por motivos de seguridad

La Policía Nacional ha desalojado este sábado a las personas que permanecían encerradas desde el viernes por la tarde en el edificio de la Junta de Andalucía situado en la calle Ollerías, en Málaga capital, después de que los agentes hayan mostrado un auto judicial que ordenaba el abandono del inmueble por cuestiones de seguridad.

El desalojo se ha llevado a cabo a lo largo de la tarde y se ha producido sin incidentes. Según han explicado los colectivos, las personas que se encontraban en el interior han salido de forma pacífica, una a una, tras abrirse la puerta del edificio, y han sido identificadas por los agentes antes de abandonar el lugar. El inmueble ha quedado finalmente desalojado.

La intervención policial ha puesto fin a un encierro iniciado el viernes como acción de protesta por parte de la plataforma Un Techo por Derecho, con el apoyo de otros colectivos sociales y vecinales. La movilización se había centrado en rechazar la venta del edificio, de titularidad pública, a un fondo de inversión de origen israelí, una operación que, según los colectivos, tiene como finalidad la conversión del inmueble en apartamentos turísticos.

Desde el inicio del encierro, los participantes han denunciado el carácter inversor de la operación, al considerar que supone la enajenación de patrimonio público para un uso turístico en un contexto marcado, según han señalado, por graves problemas de acceso a la vivienda en Málaga. Las reivindicaciones han puesto el foco en la falta de alternativas habitacionales para familias vulnerables y en el impacto del modelo turístico e inversor sobre el mercado residencial de la ciudad.

La Junta de Andalucía ha sostenido que el edificio no reúne condiciones de habitabilidad, seguridad ni salubridad, un argumento que la administración autonómica ha mantenido desde el inicio de la protesta y que ha sido utilizado como base para justificar la orden de desalojo. La administración ha insistido en que el inmueble se encuentra en un proceso administrativo de enajenación.

Tras el desalojo, la portavoz de Un Techo por Derecho, Isabel Torralbo, ha afirmado que la salida del edificio se ha producido “tras la orden judicial recibida y un despliegue multitudinario de los cuerpos y fuerzas de seguridad”, que ha considerado excesivo para una movilización que ha calificado de pacífica. Torralbo ha cuestionado la justificación de seguridad recogida en el auto judicial y ha defendido que parte del inmueble se encontraba rehabilitada y en uso hasta fechas recientes, cuando albergaba la actividad de la ONG Málaga Acoge.

La portavoz ha recordado que el edificio había sido utilizado durante años para la atención de personas en situación de vulnerabilidad y ha reiterado que la protesta pretendía denunciar la venta del inmueble a un fondo de inversión y reclamar soluciones ante la emergencia habitacional que, según ha señalado, afecta a la ciudad.

Además del encierro, durante estos días se han sucedido concentraciones de apoyo en el exterior del edificio, en las que han participado colectivos sociales, vecinas y vecinos del entorno y representantes de organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda. Estas concentraciones se han desarrollado de forma pacífica mientras se mantenía el encierro en el interior del inmueble.

La protesta ha tenido como eje la crítica al destino turístico del edificio, al considerar los colectivos que la operación de venta prioriza un uso inversor frente a la función social del inmueble. Según han defendido, el edificio había albergado durante años servicios de atención a personas en situación de vulnerabilidad y su enajenación se produce en un momento de especial tensión en el acceso a la vivienda en la capital malagueña.

Los colectivos también han reclamado durante estos días la apertura de una mesa de diálogo con la Junta de Andalucía para abordar alternativas habitacionales para las familias afectadas y debatir el uso del patrimonio público. Según han señalado, no se ha producido ningún encuentro formal antes de la ejecución de la orden judicial que ha puesto fin al encierro.

Pese al desalojo, los colectivos han asegurado que la movilización ha servido para visibilizar el conflicto en torno al uso del patrimonio público y el acceso a la vivienda, y han avanzado que continuarán reclamando alternativas habitacionales y un cambio en el modelo de ciudad que, a su juicio, prioriza la inversión turística frente al derecho a la vivienda.