Golpe al urbanismo ilegal en Málaga: 125 investigados y 62 delitos detectados en suelo rústico

Málaga

La Guardia Civil ha asestado un duro golpe contra el urbanismo ilegal en la provincia de Málaga. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, han desarrollado durante todo el año 2025 la operación “Murus”, una amplia actuación contra las irregularidades en materia de ordenación del territorio y los delitos urbanísticos.

El balance de la operación es contundente: 125 personas investigadas, de las cuales 122 son personas físicas y tres personas jurídicas. Entre los implicados figuran promotores, constructores y técnicos directores, presuntamente relacionados con la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en distintos municipios de la provincia.

Durante la investigación, los agentes han detectado la presunta comisión de 62 delitos urbanísticos, cuyas diligencias ya han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga para su valoración judicial.

Además, el SEPRONA ha llevado a cabo 104 inspecciones en todas las comarcas malagueñas, que han derivado en la detección de 154 infracciones administrativas. La mayoría de ellas están relacionadas con la ausencia de licencia urbanística, la ejecución de obras que no se ajustan al proyecto autorizado, movimientos de tierras no permitidos o actuaciones realizadas al margen de la normativa vigente. Todas las denuncias han sido trasladadas a los ayuntamientos correspondientes, competentes para la tramitación de los expedientes sancionadores.

Entre las actuaciones más graves detectadas destacan la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos dentro de espacios protegidos, la instalación de casas prefabricadas con uso residencial, la ejecución de piscinas camufladas como albercas de riego, la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación legal o la edificación de naves de aperos transformadas posteriormente en viviendas.

La operación ha contado con la colaboración de los servicios técnicos de los ayuntamientos afectados y de distintos departamentos de la Junta de Andalucía, reforzando la coordinación institucional en la lucha contra las agresiones al suelo y la ordenación ilegal del territorio.