La Fiscalía pide más de cinco años de prisión para el alcalde de Estepona por contratar en el Ayuntamiento a una amiga que nunca acudió a su puesto de trabajo

Marbella

La Fiscalía solicita cinco años y seis meses de prisión para el alcalde de Estepona, el popular José María García Urbano, como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de malversación derivado de la contratación de una amiga en el Ayuntamiento sin que ésta acudiera a trabajar.

También recoge la Fiscalía en su escrito la petición para el regidor de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 10 años.

En sus conclusiones, la Fiscalía del Área de Marbella señala que el alcalde contrató a la acusada "como personal eventual adscrita al Área de Control Externo de la Corporación, con la que mantenía una relación sentimental, a sabiendas de que la misma nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna", llegando a percibir en febrero de 2023 una nómina que ascendía a 1.634,64 euros y en marzo de ese mismo año, 3.642,28 euros.

Según el escrito, la acusada se apropió de tales cantidades sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal, acordándose su cese el 22 de marzo de 2023 con fecha de efectivo cese el 31 de marzo de 2023.

Para la mujer contratada, la Fiscalía entiende que fue cooperadora necesaria de un delito de malversación de caudales públicos por lo que solicita para ella la pena de tres años y seis meses de prisión así como la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante ocho años.

Responsabilidad civil

El pasado mes de noviembre la defensa del alcalde, a través de un comunicado, aseguró que para dar mayores garantías al procedimiento y demostrar la inexistencia de irregularidades y perjuicio alguno para el Ayuntamiento, se había consignado la cantidad que la investigada percibió durante el periodo que estuvo trabajando, esto es, 5.276,92 euros

En el escrito de la Fiscalía se asegura, sin embargo, que no consta el ingreso de manera efectiva en la tesorería municipal de los 5.276,92 euros que figuran en la instancia general presentada ante el Ayuntamiento de Estepona a fecha 25 de noviembre.

En el caso de que no se acredite dicho ingreso, continúa el escrito de la Fiscalía los acusados deberán indemnizar de manera directa al Ayuntamiento por la citada cantidad, además de los pagos a la Seguridad Social derivados de "la ilegal contratación".

Disparate jurídico

Tras conocerse el escrito de la Fiscalía la defensa del alcalde asegura a través de un comunicado que "se trata de un disparate jurídico basado en una declaración falsa de una persona que ha evidenciado la falsedad de sus declaraciones en otros procedimientos judiciales que ya han quedado archivados".

La defensa del alcalde señala que presentó un recurso de apelación a la Audiencia Provincial, solicitando el archivo de la causa al no existir ningún indicio delictivo contra el alcalde en la contratación de esa persona como cargo de confianza durante 46 días. Esa petición de archivo está pendiente de resolver por la Audiencia Provincial.

El escrito sostiene que el auto de transformación del pasado 4 de diciembre utiliza la declaración en calidad de testigo que esa misma persona formuló en otro procedimiento, que fue archivado de forma firme por la Audiencia Provincial al demostrarse la falsedad de las acusaciones.