Entidades ciudadanas exigen transparencia, participación pública y control legal en el proyecto de estatuas del Puerto de Málaga

Málaga

Cinco entidades ciudadanas han hecho público un nuevo documento que da continuidad a la Declaración Institucional del 14 de enero de 2026, en la que ya expresaban su oposición a la instalación de un conjunto de estatuas de gran porte junto a las columnas de entrada al Puerto de Málaga, en la plaza de la Marina. El escrito profundiza ahora en los fundamentos legales que, a su juicio, obligan a garantizar la transparencia, la participación ciudadana y el estricto cumplimiento de la normativa vigente en un proyecto con un impacto significativo sobre el Centro Histórico de la ciudad.

El documento se articula en cuatro grandes apartados. El primero se centra en la necesidad de transparencia y participación pública, recordando que el derecho de la ciudadanía a acceder a la información y a participar en proyectos de gran repercusión urbana no es una mera “buena práctica”, sino una obligación legal recogida en normas como la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley Andaluza de Participación Ciudadana, el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

En este sentido, las entidades sostienen que la Autoridad Portuaria de Málaga está plenamente sujeta a las leyes estatal y autonómica de transparencia, lo que la obliga a garantizar la publicidad activa de planes, proyectos, contratos e informes, así como el acceso a la información pública a cualquier persona interesada sin necesidad de justificar interés alguno. Subrayan además que, por su incidencia urbana, ambiental y paisajística, el proyecto podría incluso estar sometido a evaluación de impacto ambiental y a los principios del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información y participación pública en materia medioambiental. A juicio de los firmantes, la aprobación del proyecto por órganos administrativos no puede sustituir en ningún caso a un proceso específico de participación ciudadana, que consideran inexistente.

El segundo bloque del documento aborda la protección del Centro Histórico de Málaga, declarado Bien de Interés Cultural en 2012. Las entidades recuerdan que la normativa patrimonial andaluza protege no solo los edificios o espacios concretos, sino también su entorno, el paisaje urbano, la percepción simbólica y la imagen histórica del conjunto. En este marco, advierten de que cualquier intervención que altere vistas, relaciones visuales, escala, volumetría o perspectivas puede considerarse una afección relevante, incluso aunque se sitúe fuera del perímetro estricto del BIC.

Según el texto, el hecho de que las estatuas proyectadas se ubiquen en el ámbito portuario, a escasos metros del límite del Centro Histórico y frente a la plaza de la Marina, no las exime del cumplimiento de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, que contempla expresamente la protección del entorno próximo y lejano de los bienes patrimoniales y define como contaminación visual o perceptiva aquellas intervenciones que distorsionen su contemplación. El documento cita además diversas cartas internacionales de conservación del patrimonio —como las de Venecia, Florencia, Washington o Xi’an— que insisten en la necesidad de preservar la armonía visual y evitar la introducción de elementos disonantes en los entornos históricos.

Las entidades expresan su sorpresa por la ausencia, hasta el momento, de un pronunciamiento público de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a la que solicitan formalmente un informe sobre la incidencia del proyecto en el patrimonio histórico protegido.

El tercer apartado analiza la necesidad de licencia municipal de obra. El documento recuerda que el dominio público portuario no excluye la competencia urbanística del Ayuntamiento y que, según la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las obras en el puerto que no sean estrictamente portuarias están sujetas a licencia municipal. A juicio de los firmantes, la instalación de las estatuas tiene una finalidad cultural y ornamental, afecta a la estética y a la ordenación urbana y se integra funcionalmente en la ciudad, por lo que requiere licencia conforme al planeamiento urbanístico vigente. Alertan además de que la ausencia de dicha licencia podría dar lugar a la suspensión de las obras y al inicio de procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística.

El cuarto y último bloque se centra en la concurrencia pública del contrato de comodato firmado en julio de 2025 por la Autoridad Portuaria para la instalación de las estatuas. Las entidades consideran que el espacio cedido constituye dominio público de uso e interés general, integrado visual y funcionalmente en la ciudad, por lo que su cesión de uso exclusivo a un tercero no puede realizarse de forma directa o nominativa. Aunque el comodato sea un contrato de naturaleza civil, sostienen que cuando afecta a bienes de dominio público queda sometido al Derecho Administrativo y a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia.

El documento concluye que el contrato formalizado produce los mismos efectos que una autorización o concesión demanial y que, al no haberse tramitado mediante un procedimiento público, podría carecer de cobertura legal suficiente, por lo que solicitan su revocación o nulidad. Asimismo, piden al Ayuntamiento de Málaga que informe sobre la existencia o no de solicitud de licencia municipal y sobre las medidas que adoptará en defensa de la legalidad urbanística.

Además de a la opinión pública, el escrito será remitido a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Málaga —en sus distintas áreas—, a la Autoridad Portuaria de Málaga, a Puertos del Estado y a la Subdelegación del Gobierno en Málaga.