Podemos lleva al Congreso el intento de desahucio de 62 familias en Manilva y pide "una solución inmediata"

Málaga

Podemos ha trasladado al Congreso de los Diputados la situación de 62 familias del municipio de Manilva (Málaga) "que se enfrentan a un procedimiento de desalojo" promovido por una mercantil "sin que hasta el momento se les haya ofrecido una alternativa habitacional, pese a la existencia de menores, personas mayores, personas enfermas y personas con discapacidad entre las personas afectadas".

La diputada de Podemos Martina Velarde ha registrado una pregunta parlamentaria con respuesta escrita dirigida al Gobierno en la que solicita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que "informe sobre si tiene conocimiento de este caso y qué actuaciones piensa llevar a cabo para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección frente a desahucios".

De hecho, la secretaria general de Podemos y diputada por esta formación, Ione Belarra, se ha referido a esta situación en la Comisión de Vivienda del Congreso, donde ha preguntado qué va a hacer el Gobierno "para proteger a estas familias que con su dinero, con su tiempo, con su esfuerzo, pusieron en marcha una urbanización que estaba abandonada y que ahora que tiene valor viene la empresa buitre y las quiere echar a la calle". "¿Cuándo van a dejar ustedes mismos de desahuciar?", ha cuestionado.

En su iniciativa, Velarde advierte de que, según el testimonio de las propias familias, "estas llevan años residiendo en las viviendas, abonando alquileres y asumiendo mejoras y reparaciones en una urbanización que se encontraba en estado de abandono". "Las familias no rechazan el pago, sino que solicitan acceder a alquileres sociales ajustados a su situación económica", ha indicado en una nota.

En la pregunta, la diputada pregunta al Gobierno "si ha recabado información sobre la existencia de situaciones de vulnerabilidad, si considera que podría estar produciéndose un incumplimiento del deber de ofrecer soluciones habitacionales antes de ejecutar desalojos, y qué mecanismos de coordinación prevé activar con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para evitar un desalojo masivo sin alternativa residencial".

Asimismo, plantea la necesidad de impulsar procesos de mediación con la propiedad "para garantizar la permanencia de las familias en condiciones de dignidad". Desde Podemos, han recordado que estos hechos "podrían vulnerar el artículo 47 de la Constitución, así como las previsiones del Real Decreto-ley 11/2020 y el espíritu de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que refuerza la protección frente a desahucios en casos de vulnerabilidad y establece obligaciones específicas para grandes tenedores".

En el ámbito local, la representante de Podemos, Noemí Vinuesa, ha lamentado que "62 familias, más de 400 personas, están a punto de ser echadas de sus casas por un fondo buitre sin que exista impago ni abandono; es pura especulación". "Detrás de estas cifras hay seres humanos con nombres y apellidos, familias con sueños y con historia, y no se puede seguir criminalizando a las personas más vulnerables cuando lo que necesitan es una solución", ha dicho.