Entra en funcionamiento el servicio de atención a víctimas y familiares de fallecidos en el accidente de Adamuz

Málaga

El servicio de atención a víctimas y familiares de fallecidos en los accidentes ferroviarios del pasado 18 de enero de Adamuz (Córdoba), y también de Gelida, entra en funcionamiento en la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

Así lo han informado desde el Gobierno en Málaga en una nota, en la que han precisado que en dicha oficina habrá personal que informará y ayudará en la tramitación de indemnizaciones aprobadas por el Ejecutivo de España mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros, "además de prestar el acompañamiento y apoyo administrativo que les sea necesario".

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas ha querido transmitir de nuevo "nuestras condolencias a las familias de los fallecidos en este trágico accidente y dar asimismo todo el apoyo y ayuda que necesiten, ya que la prioridad absoluta del Gobierno en estos momentos son las víctimas y sus familias".

Según ha destacado, "ya hemos habilitado líneas de atención telefónica, una dirección de correo electrónico y el personal suficiente para atender cualquier necesidad que tengan las víctimas y sus familiares". Además, ha dicho, "se pondrá a disposición el servicio 'La Administración cerca de ti' para aquellas personas que no puedan desplazarse hasta la Subdelegación del Gobierno".

"Este Gobierno dará su máximo apoyo a las víctimas y a sus familias porque es nuestra prioridad total y absoluta", ha aseverado Salas, quien ha explicado que con tal fin el último Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley, publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "que regula precisamente las ayudas extraordinarias que el Gobierno de España ha acordado para apoyar y ayudar a las víctimas de los accidentes ferroviarios".

Los teléfonos de este servicio en la Subdelegación del Gobierno en Málaga son 952 989 125 y 952 989 191, y el correo electrónico dispuesto es ayudas.malaga@correo.gob.es

El Plan de ayudas aprobado por el Gobierno de España asciende a 20 millones de euros, de los cuales diez millones se destinan a ayudas directas y otros diez millones de euros se habilitan como anticipo de las indemnizaciones de los seguros, en el marco del seguro de responsabilidad civil.

Este real decreto tiene el objetivo de facilitar ayudas inmediatas y adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes, con el fin de atender con rapidez las necesidades de las personas afectadas.

Estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, y estarán exentas de tributación. Además, se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente.

Se trata de medidas de carácter económico para acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.

Las ayudas se sumarán a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico y serán complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente ya que estarán exentas de tributación.

La cuantía a percibir se ha definido para los casos de fallecimiento, una ayuda directa de algo más de 72.000 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro. En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.

Complementariamente, se iniciarán las modificaciones normativas para la futura implementación de este tipo de medidas en el ordenamiento jurídico español, con el fin de articular un mecanismo estructural de intervención pública para que el Estado asuma con carácter anticipado el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables de dicho accidente.