UGT eleva el tono y denuncia presuntas ilegalidades en el proceso administrativo para la instalación de las esculturas en el Puerto de Málaga

Málaga

La sección sindical de UGT en la Autoridad Portuaria de Málaga ha dado un paso más en la polémica por la instalación de las esculturas de Venus y Neptuno en el Puerto de Málaga, y ha denunciado no solo irregularidades y falta de transparencia, sino posibles ilegalidades en todo el procedimiento; según ha explicado Juan Antonio Triviño, miembro de este sindicato, en una entrevista en la tertulia política de Hoy por Hoy Málaga en la Cadena SER. Ya puedes escucharla.

El sindicato, con representación en el Consejo de Administración del puerto, ha hecho pública una cronología de cómo se ha llevado a cabo el proceso administrativo de instalación del conjunto escultórico monumental en la entrada del Puerto de Málaga, un proyecto que ha generado una intensa polémica ciudadana y cultural en la capital.

Según la versión de UGT, el proyecto se inició en 2021 y permaneció oculto durante casi cuatro años, incluso para el propio Consejo de Administración del Puerto, lo que, a su juicio, vulnera “los principios básicos de transparencia, control democrático y buen gobierno”.

Según explicó Triviño, el acuerdo inicial entre el presidente del Puerto, Carlos Rubio, y el escultor, contemplaba la instalación de esculturas de varias toneladas sobre la cúspide de las columnas que están colocadas a la entrada del puerto, sin que existiera ningún estudio estructural previo que garantizara la seguridad de la actuación.

No fue hasta 2024 cuando se encargó un informe técnico, con un coste aproximado de 10.000 euros, que concluía que las columnas no podían soportar las cargas previstas y alertaba de riesgos adicionales por la acción del viento. Para UGT, lo lógico habría sido dar por finalizado el proyecto en ese momento. Sin embargo, según denuncian, el informe fue ocultado y se siguió adelante con el proyecto desde la Autoridad Portuaria.

La denuncia sindical señala que en abril de 2025, al llevarse el asunto al Consejo de Administración y desconociéndose la existencia de ese informe técnico, un representante de UGT solicitó información sobre la capacidad estructural de las columnas.

Según la versión siempre del sindicato, la respuesta del presidente del Puerto fue no dar a conocer el informe y retirar el punto del orden del día, impidiendo cualquier deliberación por parte del Consejo.

Cambios en el contrato

En junio de 2025 se solicitó un informe jurídico a Puertos del Estado. UGT afirma desconocer qué versión del contrato de comodato, firmado con el autor de las esculturas, fue remitida, si bien Puertos del Estado subrayaba como esenciales la gratuidad real de la operación, la legitimidad de las partes y sugería la donación como la fórmula jurídica más adecuada.

El 25 de junio de ese año el Consejo de Administración volvió a reunirse y aprobó únicamente la modalidad jurídica, tras una modificación sustancial del borrador del comodato. Según Triviño, se cambió la ubicación de las esculturas y se eliminó la obligación inicial del escultor de asumir los costes de instalación, unos cambios que, de nuevo, no fueron advertidos previamente ni sometidos a debate, según denuncia.

“El problema ya no es una anécdota procedimental, sino impedir conscientemente el ejercicio de control del órgano que debe fiscalizar estas decisiones”, señaló Triviño, que afirma que existieron al menos tres versiones distintas del contrato que se firmó con el artista y que, ocho días después de la reunión del último Consejo, el presidente del Puerto firmó un contrato con el escultor que no coincidía con el aprobado.

“Ese documento se firma sin legitimidad por ninguna de las partes”, afirmó Triviño, que aseguró que, en este punto, “ya no hablamos solo de irregularidades, sino de una situación claramente ilegal”.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado la convocatoria de un Consejo de Administración extraordinario y la emisión de informes jurídicos por parte de Puertos del Estado y de la Abogacía del Estado para determinar responsabilidades. UGT no descarta que, a la vista de dichos informes, puedan derivarse actuaciones administrativas o jurídicas para revertir el proceso y depurar responsabilidades.

Coste público y rechazo ciudadano

Según este sindicato, el proyecto ha supuesto ya un gasto superior a los 80.000 euros de fondos públicos, sumando los informes técnicos y las obras para la construcción de pedestales para colocar las estatuas, sin que estos costes hayan sido debatidos ni aprobados expresamente por el Consejo.

El sindicato vincula este procedimiento a un creciente rechazo ciudadano desde ámbitos académicos, culturales y sociales, y considera que la propuesta municipal de limitar la exposición a seis meses es una estrategia para desactivar la polémica sin resolver el problema de fondo.

La Sección Sindical de UGT en la Autoridad Portuaria de Málaga reclama además una mayor implicación del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía, al considerar que no pueden permanecer al margen de una actuación que afecta directamente al entorno del Centro Histórico. “En una institución pública no pueden normalizarse la opacidad, el personalismo y las maniobras procedimentales que bloquean el control democrático”, concluyó Triviño.

La versión de la Autoridad Portuaria

El Puerto de Málaga reafirma su decisión de instalar las esculturas de gran formato junto a la Plaza de la Marina y sostiene que la actuación se ajusta a la legalidad vigente.

A juicio de su presidente, Carlos Rubio, no existe ninguna duda legal porque “la Ley de Puertos del Estado nos permite hacer este tipo de actuaciones en el espacio portuario ciudadano”. En consecuencia, ha rechazado que sea exigible licencia municipal, ya que la normativa “no prevé que se solicite licencia para este tipo de proyectos”, que “solo sería necesaria en el caso de una instalación permanente”.

Rubio realizó estas declaraciones la semana pasada a preguntas de los periodistas, durante la presentación del balance anual del Puerto, en plena polémica por el proyecto.