Manilva solicita apoyo institucional ante el desalojo previsto de 62 familias en dos bloques de viviendas

Marbella

El pleno del Ayuntamiento de Manilva abordará mañana una moción en la que solicita auxilio a la Diputación, a la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno para atender a las 62 familias que serán desahuciadas entre el 10 y el 12 de febrero de dos bloques de viviendas en la calle Sarmiento.

El alcalde, Mario Jiménez, señala que el Consistorio no tiene capacidad para atender esta emergencia habitacional que deriva de la ejecución hipotecaria de dos bloques de viviendas cuyo promotor quebró en 2007.

De los 72 inmuebles de dicha promoción 10 se vendieron. Las 62 restantes, en parte, se han habitado en base a un contrato de alquiler con opción a compra que posteriormente fue modificado quitándose la opción de compra.

En los dos últimos años la empresa que gestionaba la propiedad se negó a cobrar el alquiler y ahora, tras 11 años de disputas legales, el juzgado número 1 de Estepona ha ordenado la ejecución hipotecaria a pesar de que se está aún a la espera de un recurso presentado ante el TSJA.

El alcalde señala que en estas 72 viviendas hay empadronadas 158 personas, entre ellas 40 menores.

Alquiler suspendido

Los afectados denuncian irregularidades en la concesión de la licencia de primera ocupación de esta promoción así como en el número de viviendas que se contemplan en el lote de subasta. Aseguran que existen una serie de incorrecciones en el proceso que lo invalidan por lo que esperan que se paralice su desahucio.

Recuerdan que ellos tenían un contrato de alquiler en 2014 con la empresa propietaria de los bloques por 50 euros al mes más comunidad en el que se contemplaba que los vecinos terminaban los inmuebles para hacerlos habitables dotándolos de suministro eléctrico, equipando los baños e incluso los ventanas.

Posteriormente ese contrato subió a 200 euros y finalmente en 2022 les ofrecieron 3.000 euros a cambio de que abandonaran los inmuebles, a lo que los inquilinos se negaron solicitando que se les dieran al menos los 30.000 euros invertidos por vivienda.

En marzo de 2025, tras la adquisición de la propiedad por parte de un fondo buitre, comenzaron a depositar el alquiler en el juzgado, pero solo pudieron hacerlo un mes. En septiembre se les comunicó que debían proceder al abandono voluntario del inmueble, a lo que se negaron, fijándose para los días 10-11 y 12 de febrero el lanzamiento por orden judicial.