El Ayuntamiento de Manilva intentará negociar una moratoria al desalojo de 62 viviendas

Marbella

El equipo de gobierno de Manilva se reunirá mañana con la propiedad de las 62 viviendas de la calle Sarmiento para tratar de conseguir una moratoria que retrase la ejecución hipotecaria de los inmuebles en cuestión y que dejaría en la calle a las familias que residen en estos dos bloques de viviendas.

La corporación municipal ha aprobado una moción institucional en la que se solicita auxilio a la Diputación Provincial y a la Junta de Andalucía ante esta situación de emergencia habitacional a la que no puede hacer frente el Ayuntamiento.

Petición de auxilio

De momento el alcalde, Mario Jiménez, señala que desde la Diputación Provincial no intervendrán los servicios sociales en el lanzamiento previsto para los días 10, 11 y 12 de febrero al entender que se trata de una ejecución hipotecaria y no un desahucio.

Los vecinos, presentes en el pleno, han asegurado sentirse traicionados y han reprochado al Ayuntamiento que no de soluciones a su situación. Señalan que en algunos casos llevan 14 años pagando un alquiler.

El alcalde ha respondido a los vecinos señalando que de las 62 familias afectadas son unas 25 las que están en situación de vulnerabilidad y ha subrayado que se ha solicitado a la Junta que valore cada caso particular para ver quienes pueden acogerse al Plan Vive.

El Ayuntamiento de Manilva tiene conocimiento de este procedimiento de desahucio desde hace más de nueve meses, pero no ha informado a los afectados desde el principio.

Valoraciones de vulnerabilidad

Desde la Diputación Provincial señalan que el citado ente ha realizado las tareas que son de su competencia, que consisten en la emisión de los informes de vulnerabilidad social para que el Ayuntamiento pueda gestionar la asignación de soluciones habitacionales a los usuarios afectados.

Según señalan desde Diputación, "cada administración tiene unas funciones y competencias establecidas y debe asumirlas".

En este sentido, la Diputación informa de que ha atendido todas las peticiones realizadas, a pesar del escaso plazo con el que se ha contado. En menos de diez días se ha procedido a la atención, evaluación y recopilación de la documentación de los 33 usuarios que han solicitado esos informes. De ellos, se han emitido 29 informes de vulnerabilidad social (28 se han declarado vulnerables y uno no) y los otros cuatro no han aportado la documentación que se les ha requerido.

Las intervenciones que se han realizado con los usuarios que se han determinado como vulnerables son las que se detallan a continuación, adaptándolas a las características específicas de cada circunstancia familiar.

- Propuesta de inclusión en el Servicio de Reinserción y Convivencia de la Diputación de Málaga.

- Información y orientación sobre recursos sociales de empleo y formación.

- Información sobre recursos y prestaciones económicas.

- Información sobre inscripción en el Registro Municipal de Vivienda.

- Propuesta de solicitud para inclusión en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Manilva.

- Información y orientación de prestación de Ingreso Mínimo Vital.

- Información y orientación de Renta Mínima de Inserción.

Por otra parte, la Diputación de Málaga subraya que no tiene competencia alguna en procedimientos judiciales de desahucios, más allá de la emisión de esos informes de vulnerabilidad social.