El ayuntamiento llevará a los tribunales a quien cuestione las adjudicaciones de VPO en Málaga

Málaga

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha elevado el tono frente a las críticas del PSOE y anuncia que acudirá a los tribunales si se vuelve a cuestionar la legalidad de los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial. La advertencia surge después de que el grupo socialista haya comunicado una serie de iniciativas para reforzar la fiscalización de la vivienda pública, entre ellas dos auditorías y la creación de una comisión específica para revisar los procesos. El PSOE sostiene que existen “sospechas” sobre cómo se gestionan las adjudicaciones, un término que ha provocado una respuesta inmediata y contundente del concejal de Vivienda, Francisco Pomares.

Pomares ha subrayado que el uso de esa palabra implica poner bajo duda todo el sistema implantado en la ciudad durante las dos últimas décadas. Según ha señalado, las afirmaciones socialistas afectan de forma directa a 5.339 adjudicaciones realizadas en los últimos veinte años y generan una incertidumbre que considera injustificada. Para el edil, el cuestionamiento del proceso supone además alterar la confianza en la gestión de la vivienda pública, un ámbito sujeto a controles administrativos y a una normativa autonómica que marca los criterios de selección.

El concejal ha recordado que el procedimiento de adjudicación se rige por la normativa andaluza sobre vivienda protegida, una regulación que establece los requisitos, baremos y sistemas de acceso. Ha insistido en que los ayuntamientos están obligados a cumplir ese reglamento y que no existe margen político para alterar los criterios. Según ha explicado, las bases que rigen cada convocatoria se elaboran siguiendo ese marco legal y se aplican del mismo modo en cada proceso, desde la presentación de solicitudes hasta la publicación de los listados definitivos.

En declaraciones a esta emisora, Pomares ha detallado que los sorteos y las adjudicaciones cuentan con la supervisión de la Secretaría General del Ayuntamiento, que actúa como fedatario público. Esa unidad administrativa, ha señalado, verifica los pasos que se realizan y certifica el cumplimiento de la normativa. El concejal ha insistido en que los cargos políticos no intervienen en las fases del procedimiento y que cualquier sospecha al respecto carece de fundamento. “Nosotros ni estamos en el proceso ni participamos los políticos”, ha remarcado.

Para explicar el funcionamiento del sistema, el edil ha comparado los sorteos de VPO con el método empleado para la designación de mesas electorales. En ambos casos, ha indicado, existe un control administrativo y se genera documentación pública que cualquier persona puede consultar. Pomares ha destacado que la información relativa a las adjudicaciones —incluidos listados provisionales y definitivos— está disponible en la web del Instituto Municipal de la Vivienda, un recurso que permite revisar los expedientes y comprobar los criterios aplicados en cada caso.

El concejal ha insistido en que poner en duda el procedimiento equivale también a cuestionar el trabajo de los funcionarios municipales, responsables directos de la tramitación. Según ha afirmado, esos empleados desarrollan todas las fases con arreglo a la ley y bajo la supervisión técnica correspondiente. Ha animado a quienes tengan alguna duda concreta a presentar una denuncia ante los tribunales. “Si hay cualquier tipo de cuestión, que lo denuncien en un caso concreto”, ha reiterado.

Pomares ha recordado además que, en el último proceso de adjudicación, asistió una representante del PSOE en calidad de observadora. Ha pedido a la portavoz socialista que especifique si detectó algún indicio de irregularidad durante esa asistencia y, en caso de que así sea, que lo comunique públicamente. Para el edil, esa presencia desmiente que exista opacidad en el sistema y demuestra que los procedimientos son transparentes.

Desde el equipo de gobierno se sostiene que las declaraciones del PSOE responden a una “pataleta política” y que las afirmaciones que ponen en duda la integridad del procedimiento poseen una gravedad considerable. Pomares ha señalado que esas acusaciones podrían motivar actuaciones ante la Fiscalía y ha reiterado que se adoptarán medidas judiciales contra quienes continúen difundiendo sospechas infundadas sobre la adjudicación de viviendas protegidas.

Las propuestas presentadas por el PSOE para intensificar la fiscalización de la vivienda pública se debatirán el próximo jueves en el Ayuntamiento. Ese debate marcará el siguiente capítulo de un enfrentamiento político que ha ido creciendo en los últimos días y que abre un nuevo escenario en torno a la gestión de la vivienda protegida en Málaga.