Gómez Villamandos defiende la LUPA: “El nivel B2 no va a generar desigualdad”

Córdoba

La nueva Ley Universitaria para Andalucía, conocida como LUPA, ha introducido cambios que afectarán directamente al alumnado andaluz y ha abierto al mismo tiempo un debate político y sindical sobre su alcance real. El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido en Hoy por Hoy Córdoba que la norma “blinda derechos del estudiantado” y moderniza el sistema universitario, frente a las críticas de partidos de la oposición y organizaciones sindicales.

B2 obligatorio a partir de 2029

Uno de los cambios más relevantes es la exigencia del nivel B2 de idioma extranjero para obtener el título universitario. El consejero ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al alumnado actual. “Que nadie se preocupe de los que están estudiando ahora la carrera”, ha afirmado, precisando que la medida será obligatoria “a partir del año 2029” y solo para quienes se matriculen desde el curso 2026-2027. “Tendrán cuatro años para obtener el B2”, ha señalado.

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Gómez Villamandos ha justificado esta exigencia por motivos de equidad y competitividad. “Otras comunidades ya lo estaban haciendo y no hacerlo aquí significaría poner a nuestros estudiantes en desventaja”, ha explicado. Además, ha confirmado ayudas públicas para facilitar la acreditación. “Va a haber ayuda para que todo el mundo pueda obtenerlo independientemente de su situación socioeconómica. La igualdad de oportunidades ha primado en el desarrollo de la ley”, ha subrayado.

Más ayudas para el alumnado

La LUPA también convierte en derechos del alumnado medidas como la bonificación de matrículas, las ayudas Erasmus, las becas de movilidad internacional, el derecho a la desconexión digital y el paro académico. “Hemos querido que esos derechos no estén al albur de un gobierno”, ha indicado el consejero. Según ha detallado, la bonificación de matrícula “se mantiene exactamente igual que hasta ahora, crédito superado, crédito bonificado”.

Críticas de partidos y sindicatos

Desde el PSOE y otras formaciones de izquierdas, sin embargo, se ha criticado la ley por establecer, a su juicio, un “doble rasero” entre universidades públicas y privadas. Denuncian que la norma impone más obligaciones a las públicas mientras flexibiliza los requisitos para las privadas. Una crítica que Gómez Villamandos ha rechazado de plano. “En lo importante, los requisitos son exactamente iguales”, ha asegurado, defendiendo que la nueva ley es “mucho más exigente” que la normativa anterior para la creación de universidades privadas.

Los sindicatos también han mostrado su rechazo a algunos aspectos del texto. Desde CSIF han lamentado que la LUPA no afronte con contundencia la precariedad del profesorado sustituto. El consejero ha replicado que la ley “no busca la precarización, sino todo lo contrario”. “No podemos seguir contratando sustitutos cuando existen figuras que dan estabilidad”, ha afirmado, destacando la creación de la figura del ayudante vinculada a procesos de estabilización.

Otra de las críticas procede del ámbito universitario. El rector de la Universidad de Córdoba ha advertido de un posible déficit estructural en la financiación. Gómez Villamandos ha respondido con datos. “La Universidad de Córdoba es la que más ha incrementado su financiación”, ha señalado, recordando que su presupuesto ha crecido “casi un 35 por ciento desde 2018” y que ha contado con “remanentes cercanos a los 15 millones de euros no ejecutados”.