Gibraltar sin Verja: el acuerdo entre la UE y el Reino Unido redibuja la frontera tres siglos después del Tratado de Utrecht

Gibraltar

El Acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit, cuyo texto jurídico ha sido publicado hoy por la Comisión Europea tras su firma el pasado mes de febrero entre la Unión Europea y el Reino Unido, introduce uno de los cambios más profundos en la realidad práctica del Peñón y su contencioso histórico: la desaparición de la Verja que separaba a Gibraltar de La Línea de la Concepción. Aunque no resuelve la disputa de soberanía entre Madrid y Londres, ya que el texto señala en el artículo 2 explícitamente que nada afecta las posiciones jurídicas de Reino Unido y España sobre la titularidad del territorio. La disputa histórica permanece intacta, ya que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores recuerda que España mantiene su reclamación histórica y podrá solicitar la suspensión del acuerdo en caso de incumplimiento.

El acuerdo elimina todas las barreras físicas en la frontera terrestre. El artículo 7 del texto refleja que la Verja deja de funcionar como frontera exterior y el tránsito de personas se equipara al de una frontera interior del espacio Schengen, mientras que los controles sistemáticos se trasladan al puerto y aeropuerto de Gibraltar desde el próximo 10 de abril. Según aporta el Ministerio de Asuntos Exteriores, esto permitirá la libre circulación de 15.000 trabajadores transfronterizos, sin controles de pasaporte entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar, y España tendrá la última palabra en la emisión y renovación de permisos de residencia. También quedan exentos de esos controles los militares británicos.

El mecanismo de control es dual: las autoridades gibraltareñas efectuarán sus propios controles, mientras España ejercerá funciones de control conforme al Código de Fronteras Schengen. Solo una vez superados ambos filtros podrán los viajeros desplazarse libremente hacia España y el resto de los países Schengen.

El acuerdo, conformado por 336 artículos y 46 anejos, especifica también que España tendrá derecho a veto a la hora de condecer o renovar un permiso de residencia en el Peñón si considera que existe un riesgo para la seguridad, la salud pública o las relaciones internacionales.

El tratado establece además la creación de una empresa pública-mixta entre España y Reino Unido para gestionar conjuntamente el aeropuerto, otra de las grandes bondades que presenta este histórico acuerdo. La empresa, llamada Joint Venture, tendrá sede en otro Estado miembro de la UE - es decir no estará físicamente ni en España ni en el Reino Unido - y será seleccionada mediante licitación pública. El acuerdo obliga a adaptar la infraestructura aeroportuaria y portuaria para habilitar áreas de control y cooperación operativa. La presencia de funcionarios españoles en el aeropuerto constituye uno de los cambios más sensibles y contra las que más se oponía Gibraltar al principio de la negociación.

El acuerdo aborda además cuestiones económicas y fiscales. Durante años, Gibraltar fue un punto de abastecimiento para redes ilícitas de tabaco debido al diferencial fiscal con España. El nuevo régimen aduanero integra funcionalmente al Peñón en el espacio aduanero europeo para mercancías terrestres y refuerza los controles antifraude. El Ministerio de Exteriores ha aportado que España realizará controles aduaneros y de equipajes de viajeros con destino a la UE y a Gibraltar, y aplicará medidas específicas para el tabaco conforme a la normativa europea. Además, se prevé la convergencia fiscal en impuestos indirectos, incluyendo un impuesto equivalente al IVA que empezará en el 15% desde la entrada en vigor y se completará en tres años.

El acuerdo incorpora principios de condiciones de competencia equitativas, con convergencia normativa en ámbitos fiscales, laborales y medioambientales. Cualquier cambio en la normativa europea aplicable deberá ser incorporado por Gibraltar, bajo riesgo de suspensión del acuerdo, limitando divergencias regulatorias profundas y reforzando la supervisión de la UE. En materia medioambiental, se aplicará la normativa comunitaria y se implementará un mecanismo de evaluación conjunta de impacto ambiental.

Todos los puntos acordados y contemplados en el acuerdo serán controlados por un Consejo de Cooperación, que estará copresidido por un comisario europeo y un ministro británico. Las reuniones del órgano están agendadas una vez al año, momento en el que se podrá estudiar el progreso y desarrollo del acuerdo.

El impacto social también es relevante: miles de trabajadores del Campo de Gibraltar cruzan cada día la frontera para trabajar en el Peñón. El acuerdo establece garantías específicas para los trabajadores transfronterizos y mecanismos financieros de compensación para desigualdades de renta, protegiendo derechos laborales y promoviendo cohesión económica en la comarca.

En términos geopolíticos, Gibraltar no regresa a la UE ni se integra formalmente en Schengen, pero aplica partes sustanciales del acervo europeo en España asume funciones operativas de control sin que ello implique reconocimiento de soberanía, mientras que el Reino Unido mantiene la responsabilidad de las relaciones exteriores del Peñón y la UE protege la integridad de Schengen y del mercado interior. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, este marco abre una nueva etapa para los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar, con más oportunidades, estabilidad y futuro.

Uno de los instrumentos más exigentes es el alineamiento dinámico: Gibraltar estará obligado a integrar en su ordenamiento interno las futuras disposiciones europeas en los ámbitos contemplados. En caso de optar por no hacerlo, el tratado prevé incluso su posible terminación.

Más de trescientos años después del Tratado de Utrecht, la disputa histórica sigue abierta, pero el acuerdo desactiva el símbolo más visible de separación: la frontera física. La Verja desaparece y da paso a un modelo de integración funcional novedoso, que transforma de manera tangible la vida cotidiana de la región y la relación entre Gibraltar y España.