Viviendas turísticas piden ampliar el plazo de registro único: el 80 % se queda fuera

Málaga

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía ha pedido a la Junta de Andalucía una prórroga del plazo del registro único, ya que el 80 por ciento afronta la retirada del registro y, por tanto, no se podrían anunciar en plataformas.

En un comunicado, esta asociación ha informado de que más de 80.000 VUT en Andalucía con licencia legal no han podido completar los dos procesos obligatorios del Registro Único -el registro inicial y el depósito de contratos de 2025 (modelo N2)- y este lunes finaliza el plazo para cumplimentar este depósito.

Según los datos oficiales del Registro de Turismo de Andalucía, INE y Registro Único de Alojamientos, de las 153.517 viviendas con licencia vigente, 67.106 han obtenido el número de registro (43 %), y de estas, el 40 % ha presentado el modelo N2, lo que deja "un escaso 17,2 % con el trámite completo".

A partir de marzo, solo esa mínima parte del sector podría operar en plataformas, mientras más del 80 % afronta la retirada de su registro, "con graves perjuicios económicos, jurídicos y reputacionales para miles de familias y profesionales", ha lamentado.

Si se mantienen los plazos actuales sin una ampliación extraordinaria, las cifras "anticipan un impacto crítico sobre la operatividad del sector", por lo que AVVAPRO solicita a la Junta una prórroga inmediata de este trámite "que permita a los miles de propietarios legales completar el proceso sin riesgo de quedar en situación irregular por causas injustificadas".

Málaga, la provincia con mayor volumen (87.370 licencias), solo tiene 36.939 registros completados (42,3 %); Sevilla, con 11.335 VUT legales, 6.689 han completado el registro (59 %), y Granada, con 9.558 alojamientos autorizados, 6.270 en el registro (65, 6 %).

En Almería lo han completado el 39 % de las VUT; en Córdoba, el 66 %; en Huelva, el 34 %; y en Cádiz, el 31,1 %.

En Andalucía, estas viviendas dinamizan entre el 10 y el 15 % del PIB turístico regional, y su exclusión del sistema podría suponer la pérdida de miles de empleos y un impacto muy grave en la sostenibilidad rural, según esta asociación