Los contratos de la Federación de Fútbol en Andalucía: mucho por aclarar
La gestión del Estadio de la Cartuja de Sevilla se encuentra bajo sospecha
La Columna de Javier Alonso ( 12/03/26)
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Sevilla
La gestión del Estadio de la Cartuja de Sevilla se encuentra bajo sospecha. La UCO ha puesto el foco sobre los contratos realizados por una sociedad pública que durante las dos últimas legislaturas se había puesto como ejemplo por parte del Gobierno andaluz.
Esta gran infraestructura deportiva, que costó más de 120 millones de euros, vivió su momento de máximo esplendor en el Mundial de Atletismo de 1999 y a partir de ahí cayó en un largo periodo de abandono sin un plan ni hoja de ruta.
Ahora va a celebrar su novena final de la Copa del Rey y es una de las sedes de referencia de la selección española de fútbol. Está adaptado para la celebración de grandes conciertos y ha realizado las inversiones necesarias para ser la sede temporal durante varios del Betis y del Sevilla. Ya no tiene pista de atletismo y es el estadio con mayor capacidad de Andalucía con 70.000 plazas.
En esta transformación ha sido fundamental la relación de estrecha colaboración con la dirección de la Federación Española de Fútbol. Durante la etapa de Luis Rubiales, la Cartuja compitió con otros estadios nacionales y prácticamente en todas las ocasiones se impuso.
El informe de la UCO en el conocido como caso Supercopa cuestiona todo este proceso. Señala al ex secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía y al propio gerente del Estadio y detalla una sucesión de supuestas irregularidades en la contratación inasumibles para una administración pública de ser ciertas.
La investigación refleja que el precio de situar a Andalucía como referente de la selección española pasó por encargar contratos de presupuesto público a dedo a una empresa elegida por la Federación. La Guardia Civil afirma que se llegaron a iniciar obras antes de su licitación, que se presentaron ofertas ficticias para cumplir el trámite de la libre concurrencia o que se buscaron fórmulas de pago ajenas a los procedimientos de control del gasto público.
La juez, que está analizando las cuentas bancarias y los dispositivos informáticos de los dos imputados, debe determinar si realmente hubo un enriquecimiento ilícito por estos contratos o si se saltaron los procedimientos para poder cumplir unos objetivos que si se aplicaba la normativa eran inviables.
Mientras esto se aclara hay una realidad. La Junta de Andalucía es la accionista mayoritaria. Durante los últimos años ha asumido el liderazgo de la Cartuja y ha presumido de ello. Ahora, le corresponde tomar decisiones, dar explicaciones y actuar con la máxima transparencia.
