Carmen Romero: "Meter la democracia en la escuela era esencial"

Cádiz

La educación como herramienta para transformar la sociedad, pero también como reflejo de sus tensiones. Esa fue la idea que atravesó la intervención de Carmen Romero en el ciclo Conversa celebrado en la Fundación Cajasol de Cádiz, donde la histórica sindicalista y política reivindicó el papel del congreso de FETE-UGT de 1976 como punto de partida del modelo educativo actual.

Romero situó el origen de aquel encuentro en el trabajo previo desarrollado en el exilio, especialmente en el congreso celebrado en Toulouse en 1973, donde ya se habían empezado a perfilar las líneas de una política educativa alternativa al franquismo. “Ese documento nos sirvió de base”, explicó, antes de detallar que en Cádiz se concretaron y ampliaron aquellas propuestas a través de distintas ponencias y debates.

El eje central de aquel planteamiento, según recordó, era una escuela pública y gratuita, aunque con un matiz que considera clave: no debía ser un modelo estatal centralizado, sino un sistema participativo. “No era una escuela autoritaria, sino una escuela participativa y democrática”, señaló, insistiendo en que introducir ese funcionamiento democrático dentro de los centros era una condición indispensable para construir una sociedad en libertad.

Junto a ese principio, Romero repasó otros pilares que se defendieron en 1976 y que hoy forman parte del sistema educativo. Entre ellos, la coeducación, en un momento en el que la enseñanza estaba segregada por sexos, y el carácter laico de la escuela, entendido no como una imposición ideológica, sino como un espacio de convivencia. “Era la superación de las doctrinas, una escuela tolerante donde cada uno pudiera tener sus ideas”, explicó.

Otro de los elementos clave fue la defensa del llamado “ciclo único”, una propuesta que buscaba evitar la segregación del alumnado desde edades tempranas. Romero recordó cómo en otros modelos educativos se diferenciaba a los estudiantes en función de su origen o sus capacidades, lo que derivaba en una “educación para pobres y otra para ricos”. Frente a ello, los participantes en el congreso apostaron por un sistema que garantizara la igualdad de oportunidades desde el inicio.

Aquellas propuestas, sin embargo, tuvieron que adaptarse al contexto político de la Transición. Romero subrayó que el debate constitucional de 1978, especialmente en torno al artículo 27, obligó a alcanzar acuerdos. “Fue un pacto”, resumió, en referencia a la aceptación de la libertad de creación de centros, que introdujo el actual modelo mixto entre enseñanza pública y privada. Aun así, defendió que el objetivo siempre fue que la educación pública actuara como referente del sistema.

La dirigente también recordó el clima en el que se celebró aquel congreso, marcado por la incertidumbre y el miedo. “Triunfo no había ninguno, había miedo”, afirmó, aludiendo a un momento en el que todavía no se habían conquistado las libertades y en el que la actividad sindical se movía en los límites de lo permitido. A pesar de ello, destacó la importancia de aquel encuentro para “plasmar sobre el papel muchas ideas” que después influirían en las políticas educativas.

En ese sentido, citó el papel de algunos de los asistentes en el desarrollo posterior de leyes clave como la LODE o la LOGSE, que introdujeron elementos como la participación de la comunidad educativa o la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Para Romero, esas normas mantienen el espíritu de lo debatido en Cádiz, pese a las sucesivas reformas impulsadas por distintos gobiernos.

Más allá del recorrido histórico, la intervención también abordó los retos actuales del sistema educativo. Romero advirtió de que el principal problema no es la falta de leyes, sino su desarrollo. “No sirve hacer normas si no se financian”, señaló, poniendo el foco especialmente en la formación profesional, donde denunció retrasos en la implantación del modelo dual y un crecimiento de la oferta privada que, a su juicio, está generando desigualdades.

En la misma línea, alertó de la precarización de la educación pública y de la situación del profesorado, sometido a una creciente carga burocrática y a condiciones laborales que afectan a su motivación. “No puede ser que un profesor esté desmotivado para ir a su trabajo”, apuntó, reclamando una mejor organización del sistema y más recursos.

Romero también se detuvo en el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza, un cambio que calificó de “brutal”. A su juicio, el acceso inmediato a la información transforma el papel del profesorado, que debe asumir una función más orientadora. “El alumno puede saber más que tú sobre un tema concreto”, advirtió, lo que obliga a replantear los métodos de enseñanza y aprendizaje.

Pese a los cambios, defendió que el objetivo de la educación sigue siendo el mismo: formar ciudadanos. En ese sentido, reivindicó la importancia de materias centradas en valores cívicos y en la formación del carácter, que consideró fundamentales para el desarrollo personal y social del alumnado.

Cincuenta años después del congreso de Cádiz, Romero insistió en que muchas de las ideas que se defendieron entonces siguen vigentes. La educación pública, la igualdad de oportunidades, la participación y la convivencia continúan siendo, a su juicio, los pilares sobre los que debe asentarse el sistema educativo en el presente y en el futuro.