La plataforma en defensa de la UMA: “Vamos hacia un modelo anglosajón en el que las universidades públicas van a quedar para los pobres”

Málaga

La complicada situación económica de las universidades andaluzas ha llevado a la proliferación de plataformas en defensa de las universidades públicas en Jaén, Sevilla o Málaga. Se suman a las críticas de los rectores, que denuncian la “asfixia económica" a la que se ven abocadas estas instituciones académicas por la “infrafinanciación” de la Junta de Andalucía.

La situación más compleja se afronta precisamente en la Universidad de Málaga (UMA), cuyas deudas en nuevas infraestructuras hicieron que la Junta tuviera que inyectarle un préstamo de 48,5 millones de euros que la universidad empezará a devolverle en 2028 y hasta el año 2045, aunque con un uno por ciento de intereses al año. A esto se suma un déficit de financiación “estructural” que hace que cada año reciba de la administración regional 24 millones de euros menos de lo que debiera en función de sus 35.000 estudiantes, según fuentes de la institución académica.

La UMA está intervenida en la práctica, necesita la autorización regional para contratar personal docente e investigador, destaca desde la plataforma UMA por la pública, Salvador Pineda, catedrático y profesor de Ingeniería Eléctrica. Esta plataforma cumplirá un año desde su conformación en mayo. De ella forman parte docentes, estudiantes y personal de administración y servicios para denunciar la situación que vive la institución. “Somos la segunda universidad peor financiada de Andalucía y la cuarta peor financiada de España”, explica Pineda al tiempo que critica que de cada 20 profesores que se jubilan, sólo se contrata a tres, lo que obliga a repartir la carga docente entre el personal que permanece. “Eso, aparte de suponer un empeoramiento de las condiciones laborales de todo el profesorado, supone obviamente un empeoramiento de la calidad docente porque al final eso se traduce en una masificación de los grupos en la asignatura, empeoramiento de los materiales en los laboratorios, etcétera”, indica.

Pineda alerta de que hay un cambio de paradigma encaminado a que la educación superior sólo la puedan cursar aquellos que la puedan pagar. “Vamos hacia un modelo anglosajón en el que las universidades públicas van a quedar un poco, hablando en plata, para los pobres y las universidades privadas para que se lo puedan pagar”, afirma. De hecho, critica el deterioro de la educación pública mientras han sido autorizadas por la Junta tres universidades privadas -una de ellas on line- que desembarcaron durante 2025 en Málaga. Añade que se están dando casos en los que hay docentes que después de que la UMA no les renueve los contratos de trabajo, han recibido “a las dos o tres semanas” un correo electrónico con una oferta de trabajo en las universidades privadas.

El docente recuerda que la comunidad autónoma tendrá que cumplir la nueva Ley Estatal de Universidades (LOSU), con lo que las universidades públicas tienen que alcanzar una financiación del 1 por ciento del PIB en 2030.

Adaptar las investigaciones a intereses financieros

Pineda también se muestra muy crítico con la Ley Andaluza de Universidades, la denominada LUPA, que establece que el 25 por ciento de la financiación tiene que provenir de fuentes externas. “Esto nos va a obligar a los profesores básicamente a buscar dinero para financiar la universidad”, algo que puede impactar no sólo en la calidad docente porque tendrán menos tiempo para dedicárselo a sus clases, si no que puede acabar condicionando la libertad científica, ya que abre la puerta a que tengan que “adaptar la investigación para agradar según qué intereses financieros para que te den dinero”, destaca este catedrático.

En Sevilla alertan de posibles recortes en becas y en Jaén y Granada habrá movilizaciones

Con más 70.000 mil estudiantes, la Universidad de Sevilla ha traslado a sus departamentos este mes pasado la necesidad de hacer un ajuste de 16 millones de euros para poder pagar las nóminas ante la subida del 2 y medio por ciento de los sueldos de los funcionarios. Con su presupuesto prorrogado, si ya había problemas económicos, ésta es la gota que colma el vaso, indica desde la plataforma por la universidad de Sevilla Cayetana Romero, que denuncian que puede haber recortes en becas: “Ya se están empezando a notar los efectos. Por ejemplo, en la facultad de Filología ya se ha comunicado la finalización de los desdobles de grupo”. Indica que la falta de recursos para el alumnado es lo que más les preocupa, ya que “desde el rectorado se ha traslado a los estudiantes que pueden sufrirse recortes en ayudas vinculadas a becas de formación, áreas de cultura y actividades complementarias".

También preocupa y mucho el déficit en la universidad sevillana Pablo de Olavide (UPO), con más de 13.000 estudiantes. Miguel Morales, estudiante y portavoz de la plataforma, denuncia que la infrafinanciación ha actuado como una “bola de nieve” que se ha ido creando tras años de incumplimientos en la financiación de los contratos programa o en los acuerdos económicos, como las revisiones de los presupuestos de acuerdo al aumento del IPC. “Al final podemos estar hablando de que se necesita inyectar 200 millones más entre todas las universidades públicas”, señala.

En la universidad de Jaén (UJA), su plataforma de apoyo cumple cerca de cuatro años. Cifra en 28,8 millones de euros el déficit de la institución. Con 17.000 estudiantes, la UJA “está tirando de ahorros” para poder sostenerse, una situación “crítica” que culminará con una manifestación el próximo 29 de abril -programada antes de la convocatoria de elecciones en Andalucía- indica desde la plataforma en apoyo a la UJA el doctorando Luis Sánchez. Una movilización para denunciar la situación de auténtica “asfixia económica” de esta universidad, “herencia directa de una financiación insuficiente”. “Volveremos a salir a la calle para defender algo tan básico como es una financiación justa para la universidad de Jaén y para la universidad pública andaluza”, señala Sánchez.

De carácter más amplio son las motivaciones de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Granada para convocar movilizaciones también en abril. Tienen previsto fijar próximamente la fecha de la protesta el próximo 8 de abril en una asamblea “abierta a organizaciones, estudiantado, trabajadores y trabajadoras”, explica María Sánchez. En esta universidad con cerca de 60.000 estudiantes, la movilización será especialmente crítica con la colaboración público-privada iniciada con el Plan Bolonia y en el que profundiza la Ley Andaluza (LUPA), que abre la puerta a las empresa privadas. En esta dirección, Sánchez critica que fondos israelíes que financian directamente el genocidio en Gaza puedan acabar decidiendo sobre las universidades públicas.

Desde la asamblea también denuncian que no se estén garantizando “los mínimos dinerarios” de la Ley Estatal de universidades que establece el 1 por ciento del PIB o el plan de financiación aprobado en la LUPA, “que obliga a las universidades públicas a financiarse de un 25 a un 30 por ciento provenientes de empresas privadas”, señala Sánchez. También critican, entre otras cuestiones, como consecuencia de la ley un aumento del precio del comedor de la universidad, un servicio muy utilizado por los estudiantes que posibilita la comida a precios asequibles. “Nosotras decimos que si no podemos comer, no podemos estudiar”, zanjan desde la asamblea estudiantil.