Una levantá por la vivienda

Sevilla

Escuché esta Semana Santa una noticia del compañero periodista Ignacio San Martín de Ser Málaga que informaba de las 7.000 solicitudes que se han presentado en esa capital para optar a 62 VPO. Hasta 7.000 demandantes para 62 viviendas públicas. Según detallaba San Martín en la crónica, el criterio de adjudicación ha sido el orden de llegada, el menos objetivo de todos los criterios, y la renta permitida para adquirir esos pisos protegidos llegaba hasta los 71.000 euros por familia, más del doble del ingreso medio anual en Andalucía.

Fue entonces cuando recordé que hubo un tiempo no muy lejano en el que un joven trabajador que quería independizarse se acercaba a la empresa municipal de la vivienda de su ciudad para acceder a alguna de las promociones públicas que los ayuntamientos promovían. No hacía falta dar una entrada porque existían ayudas directas de las administraciones supramunicipales que cubrían la totalidad de la entrega de llaves, unos 12.000 euros. Las hipotecas se firmaban a 20 años y, en función de la renta, el Estado costeaba además entre el 5 y el 20% de la cuota mensual del préstamo. Cada cinco años desde la compraventa, se revisaban los ingresos del propietario, de manera que se reducía o anulaba la subvención si éste había progresado y ya no necesitaba apoyo financiero. Transcurrida una década desde la firma, se permitía la venta del piso, pero siempre bajo un precio máximo tasado y a un comprador que cumpliera los requisitos económicos. Esto que les cuento no es una propuesta que haya escuchado en esta precampaña electoral, sino la fórmula que ya se recogía desde el Plan de Vivienda 1992-1995.

En nombre de los recortes, todo esto se fue al traste y sigue sin recuperarse pese a años récord en recaudación estatal y de millonarios superávits en Andalucía.

Puede que después de esta Semana Santa de marketing político y poquito pudor, entren en el debate público propuestas que hablen de gestión. Feliz vuelta a la rutina.