Juzgan al exmarido de Lucía Garrido por matar a dos personas que entraron en su finca en Málaga
El fiscal mantiene que el acusado "con el fin de proteger su vida y mientras recibía los disparos, realizó dos detonaciones con su escopeta, alcanzando a cada uno de los asaltantes", que fallecieron
ANDALUCÍA.MA01.MÁLAGA.23.10.2023.- Manuel Alonso Herrero (i), expareja de Lucía Garrido, que fue hallada muerta flotando en la piscina de su finca de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre en 2008, para quien el fiscal encargado del juicio ha afirmado que el crimen fue por odio del exmarido hacia la víctima, como en cualquier caso de violencia de género, y que también tuvo un componente económico, sentado junto a su abogada este lunes cuando ha comenzado el juicio con jurado popular en la Ciudad de la Justicia en Málaga. EFE/Jorge Zapata / Jorge Zapata (EFE)
Málaga
El exmarido de Lucía Garrido, condenado por la muerte de su pareja, hallada flotando con golpes y un corte en la yugular en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008, será juzgado por un jurado popular el próximo 4 de mayo por la muerte de dos personas que entraron en su propiedad.
El fiscal considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de homicidio, pero al estimar la eximente completa de legítima defensa no procede pedir pena de prisión para el acusado, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.
El acusado fue juzgado y condenado a 24 años de prisión como autor, en concepto de cooperador, de un delito de asesinato de su mujer, Lucía Garrido, mientras que al autor material de los hechos se le impusieron 22 años.
Justo un año después del crimen de Lucía Garrido, el propietario y exmarido de la fallecida mató a dos personas, por lo que será enjuiciado de nuevo por un jurado popular pero en este caso la fiscalía ve legítima defensa.
Los dos asaltantes, de nacionalidad colombiana, murieron el 25 de abril de 2009 por los disparos del propietario de la finca y exmarido de Lucía Garrido.
Fuentes judiciales han informado a EFE de que el juicio por estas dos muertes, con numerosos testigos -la mayoría agentes del orden y varias personas protegidas-, se prolongará durante una semana y que el acusado no declarará hasta el último día debido a que su letrado, Guillermo Smerdou, así lo ha solicitado.
El fiscal considera que sobre las 22:00 horas del 25 de abril de 2009 los dos colombianos en unión de varias personas no identificadas (más de cinco), portando todos ellos armas de fuego y un fusil de asalto Kalashnikov acudieron a la finca del acusado para sustraer una supuesta importante cantidad de droga que ellos creían que guardaba en su interior.
Mientras que el resto se quedó fuera, los dos colombianos saltaron el muro y accedieron al jardín con pasamontañas, con una pistola y un revólver.
Al oír ruido en el exterior y a su perro ladrar insistentemente, el acusado salió con una escopeta al temer que fueran unos ladrones, siempre según la versión del ministerio público.
Los asaltantes lo encañonaron pero este retrocedió y se resguardó tras un banco de piedra, momento en el que le dispararon repetidamente pero no lo alcanzaron ante la protección del banco de piedra.
El fiscal mantiene que el acusado "con el fin de proteger su vida y mientras recibía los disparos, realizó dos detonaciones con su escopeta, alcanzando a cada uno de los asaltantes", que fallecieron.
Inmediatamente el dueño de la finca saltó la valla de su vivienda por la parte trasera y huyó corriendo hasta el domicilio de los vecinos a quienes pidió auxilio y solicitó que llamaran a la Guardia Civil, cosa que estos hicieron. La acusación particular y popular si piden prisión
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación en el procedimiento, no comparte el criterio del fiscal ya que considera que el acusado sabía que ciertas personas iban a ir a su finca y se preparó para ello con diversas armas.
"La intención de matar se desprende de la rapidez con la que actuó" e inciden en la intencionalidad de dar muerte a las personas que accedieran para efectuar el robo de la presunta droga.
AUGC considera que el acusado debe ser condenado a un total de 35 años de prisión por un doble delito de homicidio con el agravante de ejecutar el hecho con alevosía y de delito continuado.
