La Guardia Civil en Málaga: cuarteles envejecidos, sin calefacción y algunos al borde del colapso, según AUGC

Málaga

La situación de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga vuelve a estar en el punto de mira tras conocerse nuevos datos oficiales que respaldan las denuncias realizadas durante años por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Según estas cifras, solo el 59% de los 74 acuartelamientos se encuentran en buen estado, mientras que un 31% presenta condiciones “regulares” y un preocupante 10% está directamente en mal estado.

Entre los casos más graves destacan instalaciones como Antequera, Cártama, Marbella-Ancón, Nerja-Carabeo, Ojén, Sierra de Yeguas y Estepona-Casasola, donde el deterioro es evidente. A ellos se suman otros 23 cuarteles en estado regular, incluyendo municipios clave como Benalmádena, Fuengirola, Ronda o Torremolinos, además de la propia Comandancia en la capital malagueña.

El envejecimiento de estas infraestructuras explica en gran medida la situación actual. La antigüedad media de los edificios ronda los 50 años, y el 80% supera los 30. Solo catorce han sido construidos en el siglo XXI. Algunos casos resultan especialmente llamativos: el cuartel de Antequera data de 1931, el de Riogordo de 1937 y otros como Nerja o Periana se remontan a mediados del siglo pasado. En total, el 58% de los acuartelamientos tiene más de medio siglo de vida.

El problema no es solo local. El reciente informe del Tribunal de Cuentas confirma que esta situación es generalizada en todo el país. Según el organismo, más del 55% de las casas-cuartel superan los 50 años, lo que afecta directamente a su conservación. Además, advierte de una preocupante tendencia: la necesidad frecuente de recurrir a contratos de emergencia debido a incidentes derivados del mal estado de los edificios. Entre 2021 y 2023 se formalizaron 67 contratos de este tipo por más de 56 millones de euros.

El informe también pone el foco en la falta de inversión sostenida. Las limitaciones presupuestarias impiden mantener un plan de conservación eficaz, lo que agrava el deterioro progresivo de las instalaciones. De hecho, el propio Tribunal detecta incoherencias en los datos facilitados por la Guardia Civil, sugiriendo que la situación real podría ser incluso peor de lo reflejado oficialmente.

Las cifras detalladas son alarmantes: 30 inmuebles han sido clausurados entre 2019 y 2024 por deficiencias graves, y otros 73 presentan patologías importantes. Además, 45 edificios carecen de calefacción en zonas donde es imprescindible, 316 no disponen de aire acondicionado y 716 no están adaptados para personas mayores o con discapacidad.

Las carencias afectan también a la atención ciudadana: en 353 edificios no existe una sala adecuada para atender al público, y casi una cuarta parte de los aseos están en mal estado. A esto se suma que el 14% de las viviendas operativas son inhabitables, mientras que casi la mitad se encuentran en condiciones regulares.

Por si fuera poco, 38 cuarteles no cuentan con espacios adecuados para la custodia de detenidos, y en otros 11 estas dependencias han sido clausuradas. Todo ello refleja una gestión cuestionada, que se agrava al comprobar que, pese a existir 117 inmuebles sin uso, solo siete están incluidos en planes de venta o reutilización.

La radiografía es clara: décadas de falta de planificación e inversión han dejado a la Guardia Civil con infraestructuras obsoletas que afectan tanto a los agentes como al servicio que prestan a la ciudadanía.