La jefa de Salud Mental del hospital Reina Sofía de Córdoba niega su responsabilidad en la muerte de un paciente: "No padecía un trastorno mental grave"

Córdoba

La directora de Salud Mental del hospital Reina Sofía, acusada de homicidio imprudente y denegación de asistencia a un paciente que terminó muriendo en 2020, un suicidio según la Fiscalía y la familia, ha defendido ante la jueza su gestión. La Fiscalía le pide 4 años de prisión y 7 de inhabilitación para esta profesional, al entender que el paciente no fue atendido debidamente de su patología psiquiátrica y que terminó quitándose la vida con abuso de psicofármacos. La acusada ha defendido de manera firme que no cree en una autolisis, al entender que no hubo dosis abusiva de psicoactivos, sumado a su historial de dependencia de estas sustancias y su situación física, con cardiopatías y problemas "metabólicos". La familia asegura que la profesional no atendió sus requerimientos de seguimiento especial, ya que el paciente no atendía correctamente sus tratamientos y ni las asistencias a consultas.

El juzgado de lo penal número 4, que dirige la jueza Carmen Gema González, se desarrollará en tres sesiones hasta el próximo jueves. La mayor parte de la mañana se ha dedicado a la primera declaración, la de la acusada. Durante las dos horas de preguntas, la jefa de Salud Mental ha insistido en que el paciente fallecido padecía un trastorno de personalidad mixto que le generaba "problemas de impulsividad e intolerancia a la frustración". Pero "no era un trastorno mental grave", por lo que era atendido por los servicios de Salud Mental ambulatorios del sector Sur. Su adicción a los fármacos psicoactivos, ha dicho la acusada, le llevaban a brotes que provocaron su ingreso hospitalario hasta en 8 ocasiones. Tras el alta, una vez había pasado la crisis, era derivado de nuevo a los servicios ambulatorios. Además, lo derivaron en su momento al centro de drogodependencias de la Diputación, ha declarado la psiquiatra. Aunque, frente a lo que opina la familia, ha negado que tuviese intentos ni actitudes de autolisis.

A la pregunta de la fiscal, Carmen Romero, de por qué no estableció un seguimiento domiciliario ante su inestabilidad y la petición de ayuda de la familia, la psiquiatra ha alegado que no sufría un trastorno psiquiátrico grave.

Se da la circunstancia de que el fallecido mató a una persona en 2015 y resultó absuelto en 2018, con un informe que indicaba que padecía un trastorno esquizoafectivo con carácter depresivo. La acusada ha afirmado que no comparte ese diagnóstico. Ni ella ni "ninguno de los profesionales" que lo atendieron en la sanidad pública desde 2006 hasta su fallecimiento. Tanto en Urgencias como en los servicios ambulatorios o en sus ingresos hospitalarios.

La acusación le ha recordado que la familia recurrió a la justicia para pedir ayuda y un juez aprobó una autorización de ingreso voluntario que notificó a la acusada en junio de 2014. Según la psiquiatra, comunicó al equipo esta decisión judicial, ante la posible llegada del usuario. Además de incidir en que Salud Mental no cuenta con recursos de búsqueda de pacientes.

Por tanto, ha negado rotundamente la omisión de atención sanitaria, "acorde con su enfermedad mental". Ha reconocido que la familia le trasladaba que la convivencia con el paciente "se volvía imposible", a lo que respondía con los recursos sanitarios "para su caso". Y ha negado que tuviera tendencias suicidas, según todos los informes médicos de su historial público.

Sobre las afirmaciones recogidas a las puertas de Urgencias que indicaban intentos de quitarse la vida, la jefa de Salud Mental ha respondido que en ese trabajo de entrada al hospital "se recoge todo lo que manifiestan pacientes o acompañantes". Lo importante, ha insistido, es la valoración médica.

La familia está convencida de la responsabilidad de la acusada, que desatendió el diagnóstico de esquizofrenia de otros profesionales ajenos a su unidad.

A la sala número 16 de la Ciudad de la Justicia han acudido numerosos compañeros y compañeras de la psiquiatra. Tantos que no han podido entrar en un espacio muy limitado en plazas. Está siendo defendida por un abogado del colegio de Médicos, además de la asistencia jurídica de aseguradoras de la acusada y del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Tras esta declaración, estaban llamados a comparecer en el juicio los familiares del paciente fallecido y otros testigos. No así los peritos, tanto de la defensa como de la acusación, que serán escuchados en otra jornada por la ausencia de uno de ellos.