El plan de los jubilados del SAS para rescatar la sanidad: más inversión, 18.000 profesionales y blindaje de lo público

Málaga

Un grupo de profesionales sanitarios jubilados del sistema público andaluz ha presentado una ambiciosa propuesta para revertir el deterioro que, según denuncian, sufre actualmente la sanidad en Andalucía. Lejos de limitarse al diagnóstico, el documento plantea una batería de medidas concretas orientadas a recuperar un modelo “100% público, universal y equitativo”.

La iniciativa surge en un contexto marcado por el aumento de la insatisfacción ciudadana —que ya supera el 60%— y el crecimiento del aseguramiento privado, que se ha disparado un 130% desde 2018. A ello se suma la baja inversión sanitaria por habitante, situando a Andalucía en la parte baja del ranking autonómico.

Frente a esta situación, los profesionales proponen un giro estructural basado en el incremento de la financiación hasta al menos el 8% del PIB andaluz. Este refuerzo económico permitiría, entre otras cosas, priorizar la gestión pública directa, limitar el papel de la sanidad privada y garantizar una mayor transparencia en aspectos clave como las listas de espera.

Uno de los puntos más destacados del plan es el impulso a los recursos humanos. La propuesta contempla la creación de 18.000 nuevos puestos de trabajo, junto a medidas para reducir la temporalidad, mejorar las condiciones salariales y evitar la fuga de profesionales. También se incluyen incentivos para cubrir plazas en zonas de difícil acceso y políticas de conciliación e igualdad.

La Atención Primaria se sitúa en el centro de la reforma. El documento plantea destinar al menos el 25% del presupuesto sanitario a este nivel asistencial, reducir los cupos a un máximo de 1.300 pacientes por médico y eliminar las demoras. Además, propone recuperar funciones clave como la prevención, la atención domiciliaria y el enfoque comunitario, así como reducir la carga burocrática en al menos un 30%.

En paralelo, se aboga por reforzar el sistema hospitalario público con un plan de choque para reducir las listas de espera, que afectan a más de 850.000 personas. Entre las medidas destacan la apertura de camas, el uso completo de las infraestructuras disponibles y la reducción de los tiempos quirúrgicos a la mitad.

El plan también pone el foco en la integración entre sanidad y servicios sociales, con la creación de recursos intermedios que eviten hospitalizaciones innecesarias y mejoren la atención a la dependencia, actualmente marcada por importantes demoras.

En el ámbito de la salud mental, se propone un modelo comunitario con más profesionales, recursos específicos para jóvenes y un plan integral de prevención del suicidio. Asimismo, se incluye un bloque dedicado a la salud de las mujeres, con mejoras en el diagnóstico de patologías infravaloradas y el refuerzo de la salud sexual y reproductiva.

Finalmente, los autores reclaman más transparencia y participación ciudadana en la gestión sanitaria, con mecanismos de rendición de cuentas y consejos de salud activos en todos los niveles.

El documento concluye con un mensaje claro: la sanidad pública andaluza aún tiene margen para recuperarse, pero requiere decisiones políticas firmes. La hoja de ruta está sobre la mesa.