Prioridad nacional o insolidaridad nacional

A estas alturas de Vox podemos esperar cualquier imprudencia o propuesta extremista. Pero lo que quizá no habíamos visto venir es que el PP, un partido de mayorías y de gobierno, las suscribiera y las justificara.

Los acuerdos de inmigración firmados en Aragón y Extremadura están cargados de desigualdad e insolidaridad hasta un punto que resulta insuficiente la respuesta de Juanma Moreno. Si quiere convencer a un electorado moderado en Andalucía no basta con decir que si tiene mayoría absoluta no firmaría nada parecido, se necesita un rechazo expreso a estos compromisos avalados por la dirección de su propio partido.

En su intento por justificarlos, el PP quiere equiparar el concepto de prioridad nacional con el requisito de arraigo que se establece en algunas convocatorias públicas. Pero no es lo mismo, ni tiene el mismo significado. Porque el objetivo, y así lo refleja el propio concepto elegido por Vox, es situar a la persona con nacionalidad española por delante del resto aunque eso ahora mismo sea ilegal. Y el mensaje que se está lanzando es que hay un problema porque los inmigrantes están ‘robando’ viviendas y ayudas sociales a los españoles. Es decir, el bulo convertido en un pacto y sellado por dos grandes partidos.

Pero no sólo eso. En los acuerdos, los gobiernos de Extremadura y Aragón se comprometen a incumplir la ley y no acoger a ni un solo menor inmigrante más. Es decir, que se apañen los gobiernos de Canarias, de Ceuta o de Melilla con sus centros saturados. ¿Y si el año que viene tenemos en Andalucía otra oleada de inmigrantes como la de 2018? Entonces, seremos nosotros quienes suframos las consecuencias. .

Los pactos ponen bajo sospecha las subvenciones a entidades como Cáritas y otras muchas ONG que trabajan con la inmigración y refuerzan una línea que ya ha iniciado Vox en muchos ayuntamientos como el de Sevilla: expulsar a los inmigrantes irregulares del padrón. Esto que afortunadamente de momento es ilegal supone excluirlos de cualquier prestación o ayuda. Al inmigrante irregular, según estos acuerdos, sólo hay que atenderle en casos de urgencia vital.

Según los datos del CIS, la inmigración en Andalucía sólo es la primera preocupación para el 6% de la población. Está muy por detrás de la vivienda, el empleo y, por supuesto, la sanidad.

Y ese porcentaje mínimo de población está mayoritariamente en Vox y, en menor medida, en una parte del PP. Ni para el electorado de centro ni para la izquierda la llegada de inmigrantes a Andalucía representa un grave problema.

Por eso hasta ahora el PP de Juanma Moreno había marcado con acierto su propia línea en este debate. La Junta había mostrado solidaridad con la acogida de menores. Había trasladado mensajes de integración subrayando que Andalucía necesita a los inmigrantes. Incluso se negó a recurrir el decreto de regularización como sí han hecho otras comunidades.

El PP no quería este debate en la campaña porque es un tema que polariza, que divide a su electorado y que sitúa el foco en el PSOE y en Vox. Pero ahora tiene que fijar una posición contundente porque estos acuerdos pueden condicionar la campaña y decidir un puñado de diputados clave para el 17M.