El Ayuntamiento de Estepona deberá abonar los 2,1 millones reclamados por las constructoras del hospital

Marbella

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma la condena al Ayuntamiento de Estepona a abonar más de 2,1 millones de euros más intereses a la empresa que ejecutó las obras del hospital de Alta Resolución.

El Ayuntamiento se opuso en su día al pago de estas cantidades al entender que las variaciones en el proyecto primitivo no se recogían en el contrato. Una sentencia daba la razón a las mercantiles que ejecutaron las obras al entender que los trabajos fueron ejecutados, recibidos y reconocidos por el propio Consistorio.

Ante esta sentencia el Ayuntamiento interpuso un recurso ante el TSJA que ha sido desestimado por lo que se condena al Ayuntamiento a pagar las cantidades reclamadas, los intereses y las costas procesales si bien a la administración le queda la opción de recurrir ante el Supremo.

Valoración política

Desde el PSOE recuerdan que este no es un caso aislado, si no que la empresa que ejecutó el aparcamiento de la plaza del Ajedrez también ha acudido a los tribunales para reclamar una cantidad similar al Ayuntamiento de Estepona.

Los socialistas recuerdan que en los últimos años se han realizado obras por un valor de más de 62 millones de euros con numerosas actuaciones que han superado el presupuesto inicial como es el caso del estadio de atletismo, el orquidiario, el mirador del Carmen o el propio hospital.

Desde el PSOE señalan que se consolida un modelo bajo sospecha marcado por sobrecostes y litigios judiciales que se alejan de la versión oficial de que el Ayuntamiento mantiene deuda cero.

Respuesta municipal

Desde el Ayuntamiento de Estepona señalan que los trabajos previstos eran los contemplados en el proyecto que había redactado el Servicio Andaluz de Salud y que el Ayuntamiento licitó para su ejecución.

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Sin embargo, durante la construcción de las obras, la dirección facultativa de la misma realizó una serie de modificaciones en la infraestructura sin estar previstas en el contrato con el Ayuntamiento y sin tener conocimiento los técnicos municipales.

Una vez que en sede judicial se ha acreditado que esas modificaciones fueron ejecutadas por la constructora, el Ayuntamiento va a realizar una modificación en el presupuesto municipal para dar cumplimiento de las cantidades reclamadas.