El Justicia, protector del estatuto y garante del aragonesismo

Zaragoza

La aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón trajo consigo la recuperación de una institución histórica en el Reino de Aragón, el Justicia, abolido en 1707 junto con los Fueros y las Cortes. Ya en su recorrido histórico anterior, vino a considerarse como la institución que garantizaba los derechos de los aragoneses frente al poder. Tras siglos de olvido, el Estatuto vino a recuperar una figura que formaba parte del subconsciente de los aragoneses. Por tanto, el Justicia se recuperó con la redacción del Estatuto aprobado en 1982 y respaldado por la Constitución de 1978.

El primer Justicia de la etapa moderna fue Emilio Gastón, designado por las Cortes de Aragón en 1987, en un acto cargado de simbolismo que se celebró, el 2 de diciembre, en el Salón de Obispos del Palacio Episcopal de Tarazona. Gastón juró el cargo ante las Cortes y con la presencia en la sala de la arqueta que contenía los restos óseos del Justicia Juan de Lanuza V.

Tanto la fecha como el espacio fueron elegidos de forma simbólica, ya que, en ese mismo Salón de Obispos, el 2 de diciembre de 1592, Felipe II refrendó con su firma las Cortes de Tarazona de 1592, que supusieron el final del Justicia como contrapoder al rey. De esta forma, quedó restaurada esta institución, 395 años después de que en el mismo lugar fuese cercenada y despojada de su esencia y función. El actual Justicia, a diferencia del histórico, no juzga ni dicta sentencias.

El Justicia de Aragón es una de las cuatro instituciones básicas que configuran la Comunidad Autónoma, junto con las Cortes, el Presidente y la Diputación General o Gobierno. En cumplimiento de sus competencias, debe supervisar la actuación de las administraciones públicas aragonesas, bien a través de quejas de los ciudadanos o de oficio, y se configura como el gran defensor del Estatuto de Autonomía.

La tutela del Justicia se extiende al Derecho Foral de Aragón, las leyes aprobadas por las Cortes, las disposiciones de ley aprobadas por la Diputación General por delegación de las Cortes y los reglamentos cuya competencia corresponda a la comunidad autónoma. Además, vela por la defensa del Estatuto de Autonomía frente a posibles controversias o infracciones contra la norma aragonesa.

Para poder cumplir con sus funciones, el Justicia cuenta con una serie de mecanismos. En el caso de los ciudadanos, se accede a la institución a través de la queja o reclamación, que siempre tiene que ser contra una administración pública.

Es, además, toma el pulso a las inquietudes de la ciudadanía aragonesa con la elaboración de informes anuales o específicos de un asunto concreto, el último de ellos sobre los menores.

Son funciones que se han ido asentando a lo largo de los últimos 35 años, desde aquella jura en Tarazona de Emilio Gastón. Hasta la del actual, Ángel Dolado, han cambiado muchas cosas. Lo que no ha cambiado es ese respeto y confianza de los aragoneses hacia una figura histórica del Reino de Aragón que devolvió a la vida el Estatuto de Autonomía.