La acusación recurre en apelación la remisión de condena a Victorino Alonso

Huesca

La Asociación de Protección del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha presentado un recurso de apelación al acuerdo del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca a favor del empresario leonés Victorino Alonso, también conocido como el "rey del carbón", para la remisión definitiva de su condena a 2 años de cárcel por la destrucción del yacimiento prehistórico de Chaves.

La letrada Pilar Villellas, que ostenta una de las acusaciones, alega en su recurso que el empresario leonés no ha cumplido con la obligación de indemnizar al Gobierno de Aragón con la cantidad de 25.490.850 euros, cuando en el primer fallo se señalaba que cabría la remisión cuando no haya cometido ningún delito durante el periodo de suspensión y haya cumplido con las reglas de conducta impuestas por el juez.

En su escrito incide en que el empresario no ha cumplido con la responsabilidad civil por "voluntad propia", a la vez que recuerda que no ha informado de sus bienes y ha tenido que ser el Juzgado el que los averiguara y embargara parte de la pensión de jubilación del condenado.

La letrada recuerda que el 6 de junio de 2022 solicitó que, al no facilitar el condenado información económica alguna, se llamara a los cotitulares y apoderados de las cuentas, unas declaraciones que nunca se han producido, ni por el Juzgado se le ha dado trámite alguno a dicha solicitud.

Además considera que hay un hecho "que todavía es más grave", ya que Victorino Alonso es propietario de la empresa Fimbas SA, que fue condenada como responsable civil subsidiaria y que ha pretendido durante el proceso que la sentencia sea cubierta con la entrega del yacimiento arqueológico del que ya no queda nada.

En su escrito, la letrada afirma que tanto Victorino Alonso como Fimbas han intentado "reírse" del Gobierno de Aragón y de todos los aragoneses y, "lo que es más grave, ha intentado y hasta ahora lo ha conseguido, sustraerse de la acción de la Justicia".

También recuerda que Victorino Alonso fue condenado el 26 de septiembre de 2019 por la Audiencia Provincial de León a dos años y seis meses de prisión por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente por arrasar durante años un monte con la explotación minera de El Feixolín en el espacio natural protegido del Alto Sil.

Sobre esta condena afirma que no se trata de un tipo delictivo de "segunda" sino que se trata de un delito contra toda la sociedad y dice que la Cueva de Chaves era considerada no sólo un yacimiento arqueológico sino "el más espectacular asentamiento Neolítico puro de todo Aragón".