Admitidos a trámite los dos recursos contra la remisión de condena de Victorino Alonso

Huesca

El Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca ha admitido a trámite los dos recursos de apelación, presentados por las acusaciones del Gobierno de Aragón, como actor civil perjudicado, y de Apudepa, contra la remisión de condena de Victorino Alonso. Ahora será la Audiencia Provincial de Huesca, a quien se remiten los recursos, la que decida. Hay que recordar que recientemente se conocía que el empresario, acusado de haber arrasado la cueva neolítica de Chaves, se libraba de ir a la cárcel y de pagar los 25 millones de euros a que fue condenado, al haber pasado el plazo de 3 años sin delinquir.

La condena se dictó en 2016, pero el Juzgado decidió suspender la ejecución de la pena dos años después, basándose en la declaración de insolvencia económica de Alonso para afrontar la indemnización y en la falta de antecedentes penales. Se le puso como condición que no delinquiese durante tres años. Ahora, transcurridos cuatro años, se decretó la remisión definitiva de la pena, es decir, la extinción de la responsabilidad penal.

El Gobierno de Aragón basa su escrito de alegación recordando que, aunque no ha delinquido en este tiempo y no tiene ninguna sentencia firme, sí varios casos judiciales pendientes, entre ellos sus cuentas en paraísos fiscales, o el almacén que se le encontró, en pleno confinamiento de la pandemia, donde acumulaba material sanitario o de protección, cuando estaba prohibido.

Recuerdan, además, que no ha cumplido con su responsabilidad patrimonial. Se declaró insolvente, pero indican que en el juicio se demostró que era dueño de la empresa Fimbas y de numerosas empresas interpuestas. También se alega que no ha entregado la finca de Bastarás, cuestión por la que se le conmutó una parte de la multa de 25 millones de euros, si bien, queda todavía por saber cómo pagaría el resto que le quede hasta esa cantidad.

Por su parte, la Asociación de Protección del Patrimonio Aragonés (Apudepa) en su recurso de apelación, alegaba que Victorino Alonso no había cumplido con la obligación de indemnizar al Gobierno de Aragón con algo más de 25 millones de euros, incumpliendo con la responsabilidad civil por “voluntad propia”, a la vez que recordaba que no ha informado de sus bienes y que tuvo que ser el Juzgado el que los averiguara y embargara parte de la pensión de jubilación del condenado.

La letrada de Apudepa, Pilar Villellas, recordaba, además, que el pasado mes de junio solicitó que, al no facilitar el condenado información económica alguna, se llamara a los cotitulares y apoderados de las cuentas, unas declaraciones que nunca se han producido, ni por el Juzgado se le ha dado trámite alguno a dicha solicitud. Y consideraba que había un hecho más grave aún: que Alonso es propietario de la empresa Fimbas, que fue condenada como responsable civil subsidiaria.