Consumidores de Aragón y Federación de Barrios exigen al Ayuntamiento de Zaragoza que rescinda el contrato del bus urbano

Zaragoza

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) y la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) exigen al Ayuntamiento de Zaragoza que incoe un expediente de resolución de contrato para retirar a Avanza la concesión del servicio de transporte urbano de la ciudad. En respuesta a esta petición, la responsable de Servicios Públicos, Natalia Chueca, señala que es "inviable legalmente".

UCA ha trasladado esta propuesta este lunes a los grupos municipales, en el día en el que se han recrudecido los paros convocados por el comité de empresa después de que la última reunión celebrada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) entre la representación de los trabajadores y la dirección de Avanza se cerrara la madrugada de sábado sin acuerdo.

Que deje de gestionar Avanza

El presidente de UCAragón, José Oliván, ha explicado a los medios la propuesta después de su reunión con los grupos municipales.

Oliván ha defendido la necesidad de incoar ese expediente de resolución de contrato y que Avanza deje de gestionar el transporte de autobús urbano porque es "incapaz de hacerlo", ya que ha demostrado en 631 días -los que dura el conflicto y los paros- "que lo hace mal".

Es "la única posición razonable y coherente", ha dicho Oliván, quien ha añadido que cualquier otra cosa sería "marear la perdiz en un conflicto que no lleva visos de resolverse".

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UCAragón, quien no entra en el "falso dilema" de si los paros están justificados o no y que no valora "cual de las dos partes de la empresa -dirección o trabajadores- tiene razón", sí que considera como lo único "cierto e inapelable" que Avanza no está prestando un servicio correcto a la ciudadanía.

Desde la asociación de consumidores recuerdan también que la justicia europea ya ha dictaminado que los conflictos laborales internos en una empresa "no son causa de fuerza mayor que le permita interrumpir sus servicios sin asumir las consecuencias".

Y estiman que "la longevidad y cronificación de las interrupciones no pueden presentarse como una circunstancia temporal y asumible".

"La contrata opera a riesgo"

En el documento presentado a los grupos, que también firma la FABZ, rechaza también que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda ser parte de la negociación y que la solución no pasa por "poner más dinero".

"La contrata opera a riesgo, es decir, no puede trasladar a la ciudad los malos resultados de su gestión", insisten desde UCAragón.

Son conscientes, aseguran, de la complejidad en la tramitación de un expediente de estas características, que incluso, advierten, podría acabar en un largo proceso judicial, pero el alcalde, Jorge Azcón, debe defender los derechos de la ciudadanía respecto al transporte urbano, "uno de los peores gestionados de toda España".

Por su parte, el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, ha manifestado que parece que el ayuntamiento quiere dejar pasar este conflicto "sin tomar decisiones serias".

Refiriéndose a la consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha dicho que "alguien tendría que haber dimitido", porque inició una mediación "que luego fue un bluf".

"Estamos a las puertas del invierno y no se puede tener a una ciudad y a sus 700.000 habitantes pendientes en las paradas de qué autobús pasa y si les coge o no", ha zanjado Arnal.

"Inviable legalmente"

El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la posibilidad de rescindir el contrato de la concesión del transporte público de la ciudad a Avanza por considerarla "inviable legalmente". Así lo ha señalado el gobierno municipal, en concreto a la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior y portavoz del Gobierno, María Navarro, y a la consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca.

Ambas, según fuentes municipales, han agradecido la reunión al compartir que los ciudadanos "están sufriendo importantes afecciones en un servicio tan necesario como es el transporte público", pero consideran inviable la propuesta "al no ajustarse a la legalidad vigente".

Las consejeras han urgido la resolución del conflicto entre empresa y trabajadores y han explicado que el Gobierno "sigue explorando todas las opciones para acabar" con él. Las dos recuerdan que el Gobierno de la ciudad "siempre defenderá que los ciudadanos puedan recuperar el servicio para dejar de sufrir las molestias ocasionadas por la huelga".

El año que viene concluye el contrato

Tras la reunión, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha coincidido en calificar la situación ante los medios de "insoportable e insostenible".

Ha dicho que los servicios jurídicos tendrán que analizar la petición de UCAragón al margen de que el año que viene concluye el contrato y sería necesario preparar ya los nuevos pliegos de un servicio que es, ha recordado, "cien por cien municipal".

También ZeC va a valorar la petición de la asociación de consumidores, que comparte y apoya el grupo municipal.

El concejal Alberto Cubero ha insistido en que la empresa es "incapaz" de prestar el servicio en condiciones y que por tanto sería necesario plantear la resolución del contrato.