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La reforma del Estatuto de Aragón para suprimir aforamientos se enfrenta hoy a su último examen en el Congreso

Se propone cambiar el artículo 55 para extender esa previsión al presidente o presidenta autonómico y al resto de su Gobierno.

Congreso de los Diputados

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Zaragoza

El Pleno del Congreso abordará este jueves la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, mediante la que se suprimen los aforamientos de los miembros del Gobierno regional y de los diputados autonómicos, entre otras cosas, y que previsiblemente quedará aprobada viendo la unanimidad que se ha dado en las dos votaciones anteriores.

Esta reforma fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón el pasado 28 de junio y, como todas las reformas de estatutos de autonomía, ahora debe ser discutida primero por el Congreso y después por el Senado.

Ya en septiembre, la Cámara Baja aprobó empezar a tramitarlo y la Comisión Constitucional dio también su visto bueno, por lo que ahora se ha elevado al Pleno para que se ratifique por última vez y se mande a la Cámara Alta para ser aprobado de manera definitiva.

El proyecto de ley retoca tres artículos del vigente estatuto aragonés, que data de 2007. Así, se modifica su artículo 36 para señalar que las Cortes de Aragón tendrán entre 65 y 80 escaños pero garantizando que cada una de las provincias estará representada "en todo caso por un mínimo de 14 escaños".

EL NÚMERO DE ESCAÑOS

El texto también señala que "corresponderá a cada circunscripción electoral un número de escaños tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar uno a la circunscripción más poblada no supere 3 veces la correspondiente a la menos poblada" y que "la aplicación de esta regla en ningún caso podrá alterar" ese mínimo de 14 escaños por provincia.

La supresión de los aforamientos para los diputados autonómicos se introduce con la modificación del artículo 38.2 del estatuto. En concreto, se establece que "durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito".

De la misma manera, se propone cambiar el artículo 55 para extender esa previsión al presidente o presidenta autonómico y al resto de su Gobierno. Además, la reforma contiene una disposición transitoria por la cual se deja claro que la supresión de los aforamientos será de aplicación a partir de próxima legislatura, que arrancará tras las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

 
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