El Ayuntamiento de Sijena insta al Supremo a anular competencia del juicio a Lluís Puig al TSJC

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Huesca
La representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha pedido al Supremo que anule un auto reciente por el que se declaraba al TSJC competente para juzgar al exconseller Lluís Puig por negarse a entregar las piezas del Monasterio de Sijena.
En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso EFE, este letrado, Jorge Español, recuerda a los magistrados del Supremo que sobre la decisión del titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca de plantear la competencia del alto tribunal debido a la condición de Puig como diputado autonómico en relación con un delito cometido fuera de Cataluña pesa un recurso ante la Audiencia de Huesca pendiente de sentencia.
Considera que el auto del Supremo de 20 de diciembre que resuelve la competencia del TSJC es "nulo de pleno derecho" al entender que la Sala II carece de competencia para pronunciarse sobre la suya propia al no haber resuelto todavía la Audiencia oscense si el juez de lo Penal de Huesca se tenía que haber inhibido o no, sobre la base de un recurso que discute la condición de diputado de Puig.
Advierte este letrado que esta situación abriría la posibilidad a plantear un recurso de amparo ante el Constitucional al quedar vulnerado el derecho de la Audiencia oscense a pronunciarse sobre el asunto.
Por otra parte, el escrito de alegaciones no sólo incide en el hecho en el que el defensor de Puig alegara la condición de diputado para cuestionar la competencia del juzgado oscense tres años después de ser designado para ocupar el escaño, sino que se pregunta si esta estrategia "tendrá que ver" con la llamada "desjudicialización" del caso del Procés, por el que Puig permanece fugado de la justicia española.
El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena cuestiona, asimismo, el argumento utilizado por el Supremo para atribuir la competencia del TSJ catalán para enjuiciar a Puig al entender que la comisión del presunto delito no se produjo en Cataluña, sino en el lugar donde se incumplió la orden de devolución de las piezas, el monasterio de Sijena.
Advierte el abogado que es jurisprudencia "continua y constante" del Supremo señalar como punto de comisión de un delito de tipo omisivo (desobediencia) el lugar donde debe cumplirse la orden dada por un tribunal.
"Es doctrina constante y aquilatada de este alto tribunal que el delito de desobediencia que se imputa al señor Puig, únicamente se comete en el lugar donde se dejó de realizar la conducta esperada (el traslado de los bienes a Sijena), y para nada el lugar donde se inicia el delito, en Barcelona", subraya.
Recuerda, por otra parte, que tanto Puig como su antecesor en el cargo de conseller catalán de Cultura, Santi Vila, también encausado por estos hechos, ya anunciaron que no cumplirían la orden de devolución de las piezas, un delito, añade, que se cometió el día señalado por el juzgado de Huesca que reconoció la propiedad aragonesa de las piezas para su traslado al monasterio de Sijena.
Este letrado ha dirigido también un escrito de alegaciones a la Audiencia de Huesca para advertir que mientras no se resuelva el recurso que les fue interpuesto, "es obvio que el juzgado competente para celebrar el juicio oral sigue siendo el juzgado de lo penal de Huesca", al no estar resuelto aún en firme la inhibición ante otro tribunal.
A tenor de estos argumentos, Español insta a la Audiencia de Huesca a promover de oficio la nulidad del auto del Supremo "por no ser válida ni efectiva en ese momento la inhibición del juzgado de lo penal de Huesca a efectos de celebrar un juicio oral".
Mientras tanto, el titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca ha agilizado los pasos para desprenderse del caso y dejarlo en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En un reciente auto, el magistrado de este órgano judicial acuerda remitir todo el procedimiento al tribunal catalán, al que solicita un número de cuenta para transferir las cantidades depositadas por Puig (88.000 euros) y Santi Vila (108.000) en concepto de fianza ante una posible condena por los delitos imputados. EFE
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