Sociedad

Desestimados los recursos contra la suspensión de la pena a Victorino Alonso, acusado de acabar con la cueva de Chaves

El asunto ya no tiene más recorrido penal, y el coto de Bastarás pasará a ser propiedad del Gobierno de Aragón

Victorino Alonso / Agencia EFE

Huesca

El abogado de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, asegura que, a pesar de todo, Victorino Alonso fue condenado y es un delincuente. Por su parte, Belén Boloqui, presidenta de Apudepa, lamenta que, en este caso, la Justicia no ha sido reparadora y que les hace dudar de ella. Son las respuestas a la decisión de la Audiencia Provincial de Huesca de desestimar los recursos de Apudepa y de la DGA contra la suspensión de la pena a Victorino Alonso.

Pablo Malo recuerda que ha sido condenado de un delito contra el patrimonio, que es un delincuente y que ha cumplido, como cualquier otra persona, su pena, aunque sea en suspenso.

Quien fuera acusado de destruir el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves en la finca de Bastarás, para construir un abrevadero para cabras, Victorino Alonso, fue condenado dos años de cárcel, que quedaron suspendidos porque en ese tiempo no delinquió, y a pagar una multa de 25 millones de euros, que no satisfizo al declararse insolvente, algo que no se ha podido contratar

Es una decisión que llena de frustración a Apudepa. Belén Boloqui decía que es una decepción general para la sociedad, porque Victorino Alonso ha actuado con conocimiento de causa en un expolio que ha sido la destrucción total de Chaves, lo que supone que el posible conocimiento científico, que se habría extraído de allí, se pierde definitivamente. Considera que es muy penoso que todo finalice así, tras el juicio que se celebró en Huesca y la posterior sentencia.

El abogado Pablo Malo considera que queda una satisfacción y es que la Finca, propiedad de Fimbas, acabará siendo propiedad del Gobierno de Aragón. De hecho, la DGA está realizando los trámites necesarios para conseguir que los 25 millones de multa se traduzcan, al menos en parte, en que los terrenos en que se encontraba el yacimiento y en los que se encontraba el coto de caza, pasen a ser propiedad del ejecutivo autónomo.

El asunto ya no tiene más recorrido a nivel penal, después de que la Audiencia haya indicado que su decisión es consecuencia de la estricta aplicación de la ley, y que es irrelevante que no haya pagado la multa.

 
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