Aumenta la pobreza infantil en Aragón, que llega a 1 de cada 4 menores
Es la segunda tasa más alta de los últimos ocho años. Así lo señala el último informe anual sobre Infancia y Adolescencia del Justicia de Aragón
Zaragoza
La institución del Justicia de Aragón ha presentado este martes su Informe Anual sobre Infancia y Adolescencia en el que se alerta del aumento de la pobreza infantil, que afecta en la Comunidad a uno de cada cuatro niños, algo que “una sociedad como la española no puede permitirse”.
La tasa de pobreza relativa en menores fue de casi el 25 % en 2021, frente a la registrada en 2020 que fue de 21,34 %, según se recoge en este informe que el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, y el asesor responsable de Menores de la institución, Andrés Esteban, han entregado al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, y después han presentado en una rueda de prensa.
Aunque los datos son mejores si se comparan con los de España, como han señalado desde la institución, es la segunda tasa más alta en los últimos ocho años e implica que uno de cada cuatro menores de edad está por debajo del umbral de pobreza en Aragón.
“No podemos congratularnos de estar mejor que el Estado cuando sigue habiendo niveles de pobreza”, ha señalado el lugarteniente ante una situación en la que más de una cuarta parte de los hogares aragoneses no puede hacer frente a gastos imprevistos, con un fuerte impacto en los menores que forman parte de esas familias.
Desigualdad territorial
Además, como ha indicado Esteban, esa pobreza es acumulativa y se asocia luego con fracaso escolar, obesidad, enfermedades o precariedad laboral, es decir, “va a construir una sociedad de una forma profundamente desigual”.
Esteban ha remarcado también la “desigualdad territorial” existente en Aragón, con poblaciones con una tasa de pobreza relativa por encima del 40%, como Épila, Caspe o Ricla, y otras con tasas inferiores al 15 %, como María de Huerva o Villanueva de Gállego.
“En este apartado, Aragón retrocede en el abordaje de la pobreza infantil, que se incrementa y afecta a uno de cada cuatro menos en Aragón”, ha zanjado sobre un asunto que preocupa especialmente a la institución, que pide “poner a los niños y niñas más en el centro”.
Desciende la población infantil
Otro de los aspectos que inquieta al Justiciazgo es el descenso de la población menor de 18 años en Aragón, con una bajada de 1.725 personas respecto a las cifras de 2021.
“Tenemos cada vez menos niños y adolescentes en nuestra comunidad, con números muy preocupantes. Un 30 % menos de menores de un año que hace una década empieza a ser una pirámide prácticamente sin base”, ha indicado por su parte Hernández.
El Sistema de Protección de Menores o la discapacidad, entre las quejas más habituales
El análisis de la institución refleja también que en el año 2022 las quejas referidas a la infancia y adolescencia han crecido un 20 %, con las relaciones familiares, la discapacidad y el Sistema de Protección de Menores como motivos más habituales.
Este último punto está relacionado con que “se han retirado a más menores en situación de desamparo”, pero como advierte Esteban “hay familias que no se sienten bien tratadas o sienten que no son escuchadas por la administración”.
Como punto positivo han resaltado la situación de los centros de acogida residencial de Aragón, que visitan cada año para conocer sus necesidades y entrevistarse con los menores.
“Hace unos años, los medios de comunicación recogían una alarma social relacionada con los jóvenes migrantes. Hoy esa alarma no se da y queremos poner en valor que esos jóvenes migrantes, gracias a la reforma del reglamento de extranjería, están en gran parte trabajando y son soporte de la sociedad aragonesa. Y en muchos centros hay chicos y chicas que están estudiando y trabajando”, ha señalado Esteban, quien cree que ha cambiado la visión de la sociedad hacia estos jóvenes.
Sí que advierten de que los acogimientos no están bien distribuidos, ya que se mantiene en un 27 % los que están en acogimiento familiar y un 73 % los que están en centros residenciales, cuando las modificaciones legales del 2015 pedían que se tendiera a la vida con familias. En este sentido, han recordado que “no solo es papel de la administración, sino de la sociedad aragonesa”.
El informe destaca la acogida a las familias de personas refugiadas de Ucrania, que ha puesto de manifiesto la “capacidad de acogida de la sociedad aragonesa y en la que han participado distintas administraciones públicas, así como entidades sociales y voluntariado”.
En discapacidad, se plantean problemas de acceso a recursos, mientras que alertan también de la situación en el Programa de Atención temprana de Ciudadanía y Derechos Sociales, con listas de espera de 400 niños y niñas de cero a seis años, en un momento de la vida en el que “diez meses en un niño que tiene dos años no es lo mismo que un adulto”.
El déficit de profesionales ha concitado quejas tanto en la salud mental infanto-juvenil como en la atención del Alumnado de Necesidades Educativas Especiales “para hacer realidad el derecho a una educación inclusiva”.
Acoso escolar
Como ha informado la institución, se han presentado quejas relacionadas con casos de posible acoso escolar, ante el desacuerdo con la actuación de los centros educativos en atajar estas situaciones o la forma de aplicación de los protocolos que marca el Gobierno de Aragón, en un contexto en el que incrementa el alumnado acosado, tal y como confirma el Observatorio de Acoso escolar en Aragón.
Asimismo, continúan las quejas sobre el servicio del transporte escolar, que afecta a estudiantes del medio rural, algunos de ellos con discapacidad, y “condicionan su derecho al acceso a la educación, tal y como establece la legislación”.
Retrasos en Pediatría
Las quejas relacionadas con Sanidad, centradas en los retrasos para obtener cita con Pediatría, han disminuido, si bien es recurrente la falta de cobertura de plazas de matrona y pediatra en el ámbito rural, así como las dificultades para acceder a la atención especializada de Oftalmología y tratamiento de Hemodiálisis.
Con los datos arrojados por este estudio, el Justicia de Aragón ha pedido una serie de medidas a los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón que atañen a la infancia y ha puesto de manifiesto que en estos momentos no existe en la Comunidad un órgano administrativo dedicado a la infancia y que la aborde de forma transversal.
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