Tribunales

El camionero acusado de la muerte de una familia niega ser el causante del accidente

Un camionero juzgado este miércoles en la Audiencia de Huesca por el homicidio por imprudencia de los tres miembros de una familia en una colisión ocurrida en la carretera A-131 a su paso por Chalamera.EFE/ Quique Fácil / Quique Fácil (EFE)

Un camionero juzgado este miércoles en la Audiencia de Huesca por el homicidio por imprudencia de los tres miembros de una familia en una colisión ocurrida en la carretera A-131 a su paso por Chalamera, por lo que se enfrenta a entre 4 y 6 años de prisión, ha rechazado ser el causante del siniestro a pesar de los informes periciales y del testimonio de testigos que le responsabilizan de lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron a primeras horas de la tarde del 3 de septiembre de 2020, cuando el acusado conducía un camión articulado en un tramo de carretera recto, con el firme en buen estado y sin circunstancias meteorológicas adversas que pudieran afectar a la conducción de forma negativa.

Los informes periciales aportados a la causa señalan que el camionero circuló de forma imprudente cerca de la furgoneta que le precedía, cuyo conductor, según ha manifestado este testigo durante la vista, se salió a la cuneta ante el temor de ser arrollado por el vehículo articulado.

El propio conductor del camión ha admitido que tuvo que realizar una maniobra evasiva hacia la izquierda que le llevó a invadir el carril contrario en el momento que circulaba un turismo con un matrimonio y su hija de 17 años, aunque ha atribuido el violento accidente registrado a una "maniobra inesperada" de la furgoneta.

"Sólo dos segundos de mi vida le pido a Dios", ha asegurado el acusado en respuesta a una pregunta formulada por una de las acusaciones personadas sobre si se encontraba en condiciones de detener su vehículo en el caso de un frenazo brusco de la furgoneta.

Ha insistido, sin embargo, en que circulaba a una distancia de seguridad correcta y que si el conductor de la furgoneta utilizó el intermitente para advertir de la maniobra, lo hizo de repente y sin dar tiempo de reacción.

Su testimonio ha sido puesto en cuestión por el propio conductor de la furgoneta, un temporero agrícola que ha insistido en que advirtió con el intermitente de que tenía que entrar por un camino estrecho a su derecha y que finalmente decidió salirse a la cuneta ante un posible impacto por alcance.

Este testimonio ha sido corroborado por un trabajador del campo que se encontraba en las inmediaciones y que ha asegurado que el camión iba "pegado" a la furgoneta antes del accidente, que circulaba a una velocidad excesiva y que continuó así sin percibir que el conductor de este vehículo había accionado el intermitente un tiempo antes para advertir de la maniobra.

Los guardias civiles que elaboraron el atestado del accidente han explicado a su vez que tras la inspección ocular del lugar del siniestro concluyeron que el camión circulaba a una velocidad excesiva, a 88 kilómetros a la hora en un tramo limitado a 80, y sin guardar la distancia de seguridad.

Ha añadido que el accidente mortal se debió a una posible distracción del camionero, y que cuando éste se dio cuenta de la situación realizó una maniobra evasiva "errónea" para tratar de evitar arrollar la furgoneta, sin darse cuenta de la presencia de otro vehículo en el carril contrario.

El análisis pericial del tacógrafo del camión ha verificado que el camionero circulaba a 88 kilómetros a la hora un minuto antes de producirse la colisión, tesis, a juicio de las acusaciones, que confirman la presunta conducta imprudente del acusado.

Por su parte, el forense ha explicado que el padre y la madre, que viajaban en la parte delantera del turismo, murieron en el acto a consecuencia de la violencia del impacto, y ha admitido, a instancias de las acusaciones, que la menor pudo agonizar unos instantes, pero que su muerte era inevitable dado el alcance de las lesiones sufridas.

El fiscal solicita para el acusado una condena de cuatro años de prisión por los tres delitos de homicidio imprudente imputados, penas que los letrados de la acusación en representación de las familias de los fallecidos elevan a 6 años de prisión.