Una ley "antiokupas" y un pacto de estado: las recetas del PP en materia de vivienda
Ana Alós ha anunciado algunas medidas acompañada de Lorena Orduna y Melania Mur
El PP Huesca anunciaba medidas en materia de vivienda.
Huesca
Con el 23J a la vuelta de la esquina los principales partidos van desgranando su programa en distintos ámbitos. Hoy los populares se encargaban de una problématica muy presente en el día a día: la de la vivienda. Para ello han elegido la plaza de la moneda, un enclave dentro del casco oscense que ejemplifica el deterioro de una zona histórica para la ciudad.
Ana Alós, la candidata al Congreso por Huesca, anunciaba su intención de promover un pacto de estado que facilite la colaboración entre instituciones, entidades locales y el sector privado. Su objetivo es favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables. Algunas de las medidas serían: un uso racional del suelo, promover y movilizar suelo público para la construcción de vivienda pública, profundizar en la rehabilitación de cascos urbanos aprovechando los fondos europeos y buscando la eficiencia energética y un plan de avales para jóvenes que les facilite su entrada a la hora de entrar en una hipoteca.
Para Alós, "Sánchez se ha radicalizado también en la política de vivienda ya que su ley empeora la anterior y asume postulados de EH Bildu y Esquerra Republicana". Por ello plantea una ley "antiokupas" que protegería a los propietarios "ofreciéndoles tranquilidad". Esperan que no sean necesarios "eternos" procesos de desahucio y que en 24 horas fuera posible expulsar a quienes hubieran entrado ilegalemente. Según Alós, es necesario desalojar y no desahuciar, y es urgente ya que, dice, "el problema de la okupación condiciona el mercado de la vivienda en España, en Aragón y en Huesca".
Algunos datos sobre okupación en la provincia de Huesca
Los datos en okupación de la provincia podrían parecer alarmantes. A finales de 2022 conocíamos que en los primeros meses de ese año las okupaciones subían en Huesca un 32%: las denuncias pasaban de 28 a 37. No obstante estas cifras tienen que ponerse en perspectiva, ya que además de no distinguir entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías), estas 37 denuncias se hacen sobre un total de casi 156.000 viviendas que hay en todo el Alto Aragón.
Y más allá de las denuncias, que no siempre prosperan, otro indicador útil sobre la evolución de este fenómeno son los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre juicios verbales posesorios por okupación ilegal de viviendas −un procedimiento que se plantea para retener la legítima posesión sobre un bien−. En este caso, descendían un 16% en Aragón el año anterior, que es la segunda comunidad en la que menos procedimientos tiene, con 2,64 por cada 100.000 habitantes.
